El problema de fondo es que la deuda de la Sepi se ha multiplicado por diez desde 2016, pasando de 300 millones a 3.040 millones de euros, «fundamentalmente por operaciones de préstamo y créditos con entidades financieras», según resalta un informe llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas. Cabe recordar que la tesorería de la SEPI a cierre de 2022, tras la última auditoría de sus cuentas, se elevaba a 1.259 millones de euros.
Aunque la SEPI entiende que cuenta «con un pool bancario lo suficientemente extenso para obtener volúmenes importantes de financiación, poniendo en concurrencia a las entidades», una de las posibilidades que también cobra fuerza es la de una posible emisión de deuda. El consejo de administración del holding público ya aprobó en 2020 esta posibilidad, aunque hasta ahora no se ha puesto en marcha.
«Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas», afirmó el Ejecutivo en un breve comunicado difundido el pasado mes de diciembre.
