No obstante, esto derivaría en un traslado de pacientes al ámbito público cuyo aumento del gasto oscilaría entre los 195 millones en la situación más benévola y los 2.145 millones en un caso más extremo, lo que supondría un coste de 382 millones para la administración. Es decir, que el alza de impuestos derivado de esta situación no compensaría los mayores gastos asociados en el peor de los escenarios, aunque matizan que sus consecuencias finales dependerían de que parte de la demanda se traspasaría al sistema público.
«Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente», destacan, poniendo el foco en la atención odontológica. El cambio tributario afectaría no sólo a los dentistas, también repercutiría en todo tipo de actividades privadas sanitarias entre las que se encuentran la fisioterapia o la podología. Cabe destacar que el seguro de salud ha crecido en los últimos años en términos de demanda a raíz del coronavirus, hasta cerrar 2023 con un volumen de primas de 11.238 millones de euros, un 6,6% más con respecto al cierre del año anterior, con un número de clientes que también ha ido en aumento hasta superar los 14,3 millones. Por grupos, Mutua Madrileña -que engloba a SegurCaixa- y Sanitas han liderado el crecimiento en ingresos de entre los cinco grandes durante 2023 con mejoras superiores al 12% en ambos casos, según los datos recopilados por ICEA.
Este mayor número de usuarios e ingresos ha ido en consonancia con el repunte de precios que han experimentado por encima, incluso de la inflación. De cara a este 2024, la expectativa es que el incremento continúe al alza con subidas de entre el 7 y el 8%, en línea con el contabilizado el año anterior. Pese a ello, sería inferior a la media europea, donde se prevé que suban alrededor del 10%. El elevado coste de las nuevas tecnologías, la menor disponibilidad de proveedores debido a los conflictos geopolíticos, además del creciente aumento de enfermedades asociadas a la salud mental o al cáncer son las causas que están detrás.
