Estos retrasos y dilaciones suman presión al calendario y abren la gran incógnita sobre si España podrá, finalmente, acceder a la totalidad de los fondos Next Generation o renunciará a unos 20.000 millones de euros.
El pasado 2 de marzo, España presentaba ante la Comisión Europea la sexta solicitud de pago del Plan de Recuperación. Una petición para optar a 5.500 millones de euros repartidos en ayudas directas y 1.000 millones en créditos en condiciones favorables. Desde este momento, la Comisión Europea contaba con dos meses para realizar su evaluación y liberar los fondos. Sin embargo, Moncloa presentó, el 10 de marzo, una revisión de su plan de Recuperación que ha paralizado todo el proceso. Una parálisis que pone en riesgo el séptimo pago.
Según el procedimiento, el Ejecutivo comunitario no podrá empezar su análisis del sexto pago del plan de Recuperación hasta que los veintisiete Estados miembro, en el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) que tiene lugar este martes en Bruselas, dé el visto bueno a la revisión del plan de Recuperación español. A efectos prácticos, esto implica un retraso de dos meses adicionales en el desembolso de fondos para España.
Una vez el Ecofin apruebe la modificación del plan de Recuperación este martes, la Comisión Europea cuenta con dos meses para realizar su análisis del sexto pago. A ello cabe sumar otro mes adicional para recibir el visto bueno de los Veintisiete, y que la UE desembolse estos 5.500 millones. Aún si se aligeraran los procedimientos para esquivar las vacaciones, el sexto pago llegaría en julio. En la enmienda presentada por el Gobierno se incluyen además hitos y objetivos no solo del séptimo pago sino del sexto, el actual, el que está siendo analizado. Por lo que la cuantía final correspondiente a este desembolso también podría variar.
En este escenario, el Gobierno pidió a la Comisión Europea ampliar entre seis meses y un año la disponibilidad de los fondos Next Generation pero Bruselas se mantiene en los plazos vigentes. En el encuentro informal de líderes de la UE, que tuvo lugar hace unas semanas en Chipre, el presidente del Gobierno, pidió al Ejecutivo comunitario que valorara extender entre seis meses y un año la vigencia del plan de Recuperación.
La respuesta del Ejecutivo comunitario es la misma que dio en los últimos años, la legislación del plan de Recuperación es clara y se seguirá lo estipulado en la regulación. Apartarse de esos plazos, señalan desde Bruselas, requeriría cambios en el reglamento del plan de Recuperación, algo no es técnicamente factible con los meses que faltan. Este debate no es nuevo. Ya se ha debatido anteriormente. Las opiniones de los Estados miembro son muy diferentes, y varios de ellos insisten en respetar los plazos existentes. Si optáramos por prórrogas más hasta 2027, se requiere la unanimidad de los Estados y, esa unanimidad no parece existir.
Conforme al calendario actual, los países tienen que cumplir todos los hitos y objetivos del plan de Recuperación antes del 31 de agosto. Antes de que termine septiembre tienen que realizar la última solicitud de pago y Bruselas tiene hasta el 31 de diciembre para realizar el último desembolso de ayudas Next Generation y préstamos.
