Así se desprende de un recurso que el letrado de Ron dirige contra la decisión del juez José Luis Calama de procesarle a él, a otros doce directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, en concreto, sostiene en su auto de pase a procedimiento abreviado que los inversores acudieron «engañados» a esa operación, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».
La defensa de Ron, sin embargo, asegura que «la tesis incriminatoria asentada por Juzgado es el resultado de prescindir de la abundante prueba de descargo, señaladamente la prueba de peritos, incluso de los judiciales, elaborada por funcionarios del Banco de España».
«La actuación de las entidades de supervisión, como el Banco de España, Banco Central Europeo, el FROB, y la CNMV deben ser tenidas en cuenta más allá de consideraciones basadas en posiciones y percepciones subjetivas, su actuación en el ejercicio de aquellas potestades (incluida la sancionadora) no puede ser cuestionada», sostiene.
Desde su punto de vista, «si se alcanzasen conclusiones prescindiendo de la existencia de esta actuación de supervisión se correría el riesgo de ignorar el juego de las garantías establecidas e imperantes» en el sistema jurídico y financiero «sustituyéndolas por juicios valorativos que habrían de ser considerados cuanto menos, incompletos o parciales».
Así las cosas, considera «sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte del Banco de España y el Banco Central Europeo, que han visto su reflejo en la causa a través de las comunicaciones remitidas por los citados organismos». En este punto, lamenta que el magistrado acoja «exclusivamente criterios retrospectivos, oportunistas y conniventes con la inercia de un procedimiento, que ha obviado los indicios y evidencias de descargo y legalidad que avalaban toda la gestión de la entidad».
Además, la representación de Ron afirma que «tampoco puede despreciarse que los estados financieros previos a la ampliación de capital fueron debidamente auditados y revisados sin salvedades no sólo por PwC sino también que la correcta contabilización de las provisiones sobre créditos e inmuebles fue analizada por KPMG, y los resultados de su análisis fueron facilitados a los consejeros para su información durante el proceso de aprobación de la ampliación de capital de 2016».
En definitiva, la defensa del expresidente considera que el auto recurrido «carece de fundamento racional, no se corresponde con el resultado objetivo de las diligencias de investigación y prescinde de la abundante prueba documental, testifical y significativamente pericial, para fundamentar la tesis incriminatoria en una particular y subjetiva visión de la normativa y práctica bancarias».
Todo eso, añade, hace del mismo «una resolución injusta, que debe ser reformada, evitando un juicio oral innecesario, que causa graves perjuicios» a Ron.
