Hace unos meses, la consejera del órgano, con el apoyo de la Fiscalía, rechazó suspender este procedimiento con motivo de la Ley de Amnistía, actualmente en tramitación en el Senado y aducida por algunas defensas como motivo para dejar en suspenso la causa hasta que se aprobase, al considerar que sería una de las que entrarían en la norma.
Fuentes del órgano contable han comunicado que la consejera ha dado un plazo de diez días a los demandantes –la Fiscalía y Societat Civil Catalana (SCC)– para presentar sus conclusiones. Después, será el turno de los abogados de los demandados. El caso entra así en su recta final, a la espera de que, tras presentar las partes sus conclusiones, la consejera lo deje visto para sentencia.
Además de Puigdemont, entre los exdirigentes demandados figura el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el expresident Artur Mas y diversos exconsejeros, algunos de ellos condenados por el Tribunal Supremo e indultados. Este procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del Procés.
La Fiscalía ha cifrado hasta el momento ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones.
