El juez Pedraz ha rechazado, al mismo tiempo, las alegaciones efectuadas por el que fuera también presidente de Correos en las que pedía la devolución de su terminal, la anulación del primer clonado que hicieron los agentes sin que él estuviera presente o, subsidiariamente, la celebración de una vista para valorar la proporcionalidad de esta diligencia de investigación que ha sido finalmente y de nuevo acordada.
Serrano fue citado este martes, a las 10:00 horas, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN para subsanar el «error» que, según la UCO, cometió al haber copiado el contenido de su teléfono, tras su imputación el pasado de julio, sin tener en cuenta que el instructor ordenó que se hiciese estando presente tanto su letrado, el penalista Bernardo del Rosal, como el propio investigado. En el marco de este procedimiento, se indaga en la implicación del dirigente socialista tanto en la presunta trama dirigida a «desestabilizar» investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE y al entorno familiar de Sánchez como en los supuestos amaños de adjudicaciones públicas del entorno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
La UCO apuntó a que Correos, bajo la presidencia de Serrano y con Leire Díez como alto cargo, desvió en 2021 más de 17.500 euros de fondos públicos al despacho de abogados sevillano SDEP & Carrillo, que habría servido para canalizar pagos al entramado. Además, se le atribuye haber sido quien propulsó el «enchufe» de la exmilitante socialista en el mencionado ente público y presuntos intentos de amañar ayudas del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).
El juez Pedraz decidió encausar formalmente a Serrano después de que los investigadores le atribuyesen una «participación preeminente» en «la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI» y en las «maniobras» puestas en marcha para defender los intereses «de determinados miembros del Partido Socialista o el Gobierno».
Los agentes apreciaron indicios de que Serrano «habría mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas» en el marco de los hechos bajo la lupa judicial, por lo que consideraron «de especial trascendencia» conocer el contenido de sus móviles.
Precisamente, las pesquisas policiales apuntaron a que la bautizada como «fontanera de Ferraz» y este antiguo «hombre fuerte» del presidente del Gobierno habrían intercambiado mensajes sobre «múltiples gestiones» ajenas a Correos, «y que parecerían guardar cierta similitud» con las gestiones realizadas por el grupo presuntamente criminal Hirurok («nosotros tres» en euskera) que conformaban Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, que sería socio de Santos Cerdán en Servinabar.
