Les acusa de usurpar las atribuciones encomendadas a los jueces y tribunales, «con el fin de impedir el cumplimiento de determinadas resoluciones judiciales». El colectivo apunta también a la comisión de un delito de tráfico de influencias.
La magistrada Tardón determina que es necesario efectuar las diligencias esenciales para determinar si se ha producido una infracción penal. Tras ordenar la apertura de diligencias previas, se dirige al Ministerio Público para que le informe sobre la competencia. Según defiende la querella, el acuerdo firmado entre los socialistas y el partido de Puigdemont y las posteriores negociaciones abiertas también con ERC tienen «la finalidad de impedir el normal desarrollo de la función jurisdiccional en los procesos judiciales» relativos a determinados hechos y personas a las que busca beneficiar la ley de amnistía.
El escrito asegura que la medida ataca frontalmente la independencia judicial y se refiere también al pacto para desarrollar comisiones de investigación que, según deduce, estarán dirigidas a poder «exigir todo tipo de responsabilidades y acciones contra los jueces y magistrados». La acción penal se dirige contra López debido a que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en cumplimiento de los acuerdos firmados en Bruselas, «presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados el texto de la propuesta de ley orgánica.
Abogados Cristianos prosigue defendiendo que, en aplicación de los acuerdos, tanto ERC como Junts «se obligaron a favorecer la investidura» de Pedro Sánchez y como contraprestación el PSOE «se obliga a utilizar la disciplina de voto de sus afiliados, en las instituciones que fuesen menester, para a través de estas autoridades propiciar la aprobación de la ley. El fin de la norma se dirige a que «los afiliados» de las dos formaciones eludan la acción de la Justicia, agregan.
Sospechan que se activarán las comisiones previstas en el pacto entre el PSOE y Junts para investigar el supuesto ‘lawfare’ porque la nueva versión de la proposición de ley amplía el margen para la interpretación judicial
Abogados Cristianos también apunta al delito de tráfico de influencias asegurando que los acuerdos alcanzados por los partidos querellados es buscar, mediante la presentación de la propuesta ante la Mesa del Congreso, «un beneficio por parte del PSOE como es obtener la investidura de su candidato con los votos de ERC y Junts mientras que estos conseguirían la condonación de 15.000 millones de euros, más 1.300 millones de intereses, de la deuda que mantiene un tercero como es la Generalitat de Cataluña».
