Por ese motivo ha pedido a la letrada de la Administración de Justicia de su juzgado que haga un seguimiento sobre las visitas del fiscal y también sobre dicha insistencia para conocer las resoluciones judiciales. Por otra parte, comentan que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha mostrado sorprendido por el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía de manera automática contra el auto de apertura de diligencias; un movimiento que considera «totalmente inhabitual».
Del mismo modo, el juez Peinado ha librado oficio a la Policía Nacional para que remita a la mayor brevedad al juzgado copia del DNI de Begoña Gómez. La solicitud del instructor de la causa abierta por la denuncia de Manos Limpias se conoce después de que haya citado a declarar para los próximos 6 y 7 de junio a una serie de testigos, entre los que se encuentra Carlos Barrabés, el socio de la mujer del presidente del Gobierno.
De esta forma, el juez Peinado ha dado orden de controlar las «visitas frecuentes e inusuales» del fiscal designado para el caso y de sus intentos por conocer los pronunciamientos judiciales tanto los dictados como los que vaya a dictar. Su encargo se produce después de que el diario El País informara acerca de un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil, unidad policial a la que se le ha encargado la investigación, en el que se apunta que, por el momento, no hay indicios de delito.
Pese a ello, el instructor está dispuesto a continuar con las pesquisas, dado que dicho informe policial es embrionario y provisional, teniendo en cuenta el estado de la causa. En el marco de la misma el juez citó la semana pasada al director del diario El Confidencial, Ignacio Cardero, y al periodista de ESdiario Francisco Mercado, para que confirmasen la veracidad de sus informaciones acerca de las cartas de apoyo de Begoña Gómez a Barrabés.
Se trata de recomendaciones que Gómez firmó por escrito a favor de la UTE que conformó Barrabés con The Valley. Esta unión de empresas fue la adjudicataria de un total de tres lotes divididos en dos contratos diferentes que otorgó el ente Red.es (dependiente en el momento de los hechos del Ministerio de Economía de Nadia Calviño) en plena pandemia por poco más de 10 millones de euros.
En las dos licitaciones (una sobre un programa de formación e inserción laboral de desempleados y otra sobre un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital) la UTE de Barrabés se impuso al resto de empresas competidoras al ganar en el apartado de valoración subjetiva. Como informó este medio, aunque en el pliego de cláusulas en ningún momento se aludió a las cartas de apoyo, el informe de valoración reconoció a aquellas que las aportaron, como fue el caso de la UTE del socio de Begoña Gómez.
Para esclarecer si hubo algún tipo de trato de favor para esta firma, el juez ha citado a a declarar a Barrabés -que, a su vez, impulsó el máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige Gómez- y también al que fuera administrador de Innova Next, Luis Antonio Martín Bernardos.
Del mismo, están citados el director general de Red.es en el momento de las adjudicaciones, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente hasta 2023, Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo. Este último fue el que firmó los lotes primero y tercero del informe de valoración del contrato para el ‘Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital’, mientras que el entonces director de Red.es Jiménez de Parga hizo lo propio con el documento del pliego de cláusulas.
Con todo, la denuncia que interpuso Manos Limpias no solo recoge estos contratos, sino que también hacía alusión a las reuniones desveladas por el diario El Confidencial que mantuvo Begoña Gómez con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, los meses de junio y julio de 2020, después de que el Gobierno aprobase el rescate de ayudas a empresas afectadas por la covid.
Air Europa, la aerolínea del grupo, fue rescatada en noviembre de ese año con una ayuda de 475 millones de euros, lo que se tradujo en una de las mayores inyecciones de dinero público a las empresas rescatadas entonces.
