«Si nosotros fuéramos al próximo lunes sin propuestas, tendremos que tomar una decisión», ha dicho el secretario de Estado de Trabajo, Pérez Rey, quién lidera las negociaciones con la mesa del diálogo social. La brecha entre empresarios, Gobierno y sindicados estanca así el intento del ministerio de Trabajo para lograr un acuerdo exprés sobre la reducción de la jornada laboral. El documento base -elaborado desde hace tiempo- que los hombres de Díaz han puesto sobre la mesa del diálogo social no cuenta con las principales líneas rojas que la patronal había pintado, lo que ha ensanchado las diferencias -ya notables- que se habían presentado en las conversaciones bipartitas celebradas desde el pasado mes de enero. «No es posible que desde enero hasta ahora no tengamos propuestas por parte de las organizaciones empresariales», ha denunciado Pérez Rey.
Los de Garamendi acudían a la reunión con la esperanza de que el equipo de Díaz diera marcha atrás en varios de los aspectos más delicados. No obstante, estas modificaciones no se habrían producido, por lo que la patronal mantiene su rechazo a la propuesta planteada por el Ejecutivo. En concreto, la organización sitúa su oposición en la negativa de Trabajo a flexibilizar el tope legal de las horas extraordinarias como vía de compensación del impacto que la reducción de la jornada tendrá para las empresas. Una posición que Pérez Rey, ya descartó «tajantemente» el pasado lunes, cuando tomó las riendas de los encuentros. Trabajo no solo descarta esta posibilidad, sino que endurece las sanciones para aquellos empresarios que «transgredan las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo».
El borrador -circulado el pasado viernes entre los agentes sociales- cuenta con varios artículos que CEOE y Cepyme considera lesivos. El texto propone elevar un 133% las multas, que pasarían de una horquilla entre los 751 y 7.500 euros, a los 1.000 y 10.000 euros en los casos más nocivos. Además, modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y establece que las penas se impondrán -no por empresa- sino «por cada persona trabajadora afectada», lo que podría multiplicar las infracciones. Los de Díaz pretenden que Inspección de Trabajo tenga acceso remoto del registro, como medida de control de su cumplimiento. «Es como la Gestapo con las sanciones», denuncian fuentes de la organización empresarial». Trabajo blinda -a través de la Ley de Infracciones- el sistema de registro digital de control de los horarios, y plantea castigos de hasta 10.000 euros para aquellas empresas que no dispongan, omitan datos o registren datos falsos o inexactos. «Eso podría provocar grandes problemas para las empresas pequeñas», denuncian desde el entorno de la patronal.
