Como suele ser habitual cada mes de julio, la ministra de Hacienda, Montero, y los consejeros de Hacienda de las comunidades se verán las caras para acordar el reparto del déficit conjunto del 2,5% entre la Administración Central, las comunidades y los ayuntamientos (posteriormente se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local). Junto con el reparto de la cifra de déficit, Hacienda trasladará a las comunidades los últimos datos de entregas a cuenta derivadas del modelo de financiación y aprobados recientemente por el Consejo de Ministros.
En concreto, se distribuirá entre las regiones 154.467 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022, lo que supone casi 20.000 millones más que el año pasado.
El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.
En este contexto, el Gobierno ha aprobado la distribución de estos 154.467 millones de euros destinados a las comunidades autónomas en conceptos de entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación autonómica, que están incluidos en el decreto de prórroga de las medidas ante los efectos de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio aprobado por el Ejecutivo.
Montero aprovechará la reunión para trasladar a las comunidades que la intención del Gobierno es que estas entregas a cuenta récord se destinen a fortalecer servicios públicos como sanidad, educación o dependencia. El Ejecutivo quiere desligar la actualización de las entregas a cuenta de este año con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica, que ha cogido especial relevancia últimamente por la intención del Gobierno central de otorgar un trato singular a Cataluña. No obstante, es bastante previsible que este debate pueda surgir durante la reunión del CPFF, adelanta por ‘El País’, ya que la reforma del modelo es una demanda unánime de todas las comunidades autónomas, y el propio Gobierno se ha comprometido a llevarla a cabo durante esta legislatura como uno de sus principales proyectos.
El reparto de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de la Administración es un requisito necesario para que, posteriormente, el Ministerio de Hacienda pueda aprobar el techo de gasto para el próximo año –previsiblemente durante el mes de septiembre– y dar así el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que quiere presentar en tiempo y forma.
