Se desconoce cuándo se pronunciará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene la última palabra en la interpretación del Derecho comunitario. De hecho, los dos casos permanecen paralizados en los tribunales españoles hasta que no se produzca el veredicto de la corte con sede en Luxemburgo.
El Tribunal de Cuentas ha remitido una serie de preguntas a la Justicia europea, ya que en su análisis de las causas contra los expresidents Puigdemont, Mas y una treintena de altos cargos independentistas catalanes cree que resulta «muy difícil conciliar» la ley española con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» establecida en los tratados de la Unión Europea. En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha decidido plantear esta cuestión prejudicial a la UE, ya que debe dar su veredicto sobre el diputado de ERC Jove y el actual presidente del Puerto de Barcelona, Salvadó, que están acusados de desobediencia, prevaricación y malversación agravada por su papel en los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.
Aparte del veredicto de la Justicia europea, la Comisión Europea también debe realizar su propio informe sobre la Ley. En su último informe sobre el Estado de derecho en los países europeos publicado a finales de julio, Bruselas recuerda que esta analizando esta nueva normativa y pidiendo clarificaciones a las autoridades públicas. El texto también remite al informe de la Comisión de Venecia –órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa- en el que este órgano pide eliminar ambigüedades sobre el alcance de la amnistía y evitar el peligro de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pueda afectar la independencia judicial. La Comisión de Venecia también se mostró crítica con el procedimiento de urgencia empleado debido a que esto limitaba las consultas públicas y subrayaba la importancia de esta ley hubiese contado con un mayor apoyo parlamentario.
