Y no es la única irregularidad, porque a estas se sumaban otras 110 cuentas más de sedes territoriales, con un saldo conjunto de 400.183 euros, sobre las que las entidades financieras no habían facilitado información y para las que el partido tampoco aportó conciliaciones bancarias, lo que limitó el alcance de las comprobaciones por parte del TCU. De esta forma, en el informe de fiscalización sobre el balance y los estados financieros del partido se contabilizaron un total de 405 cuentas bancarias con irregularidades, con un saldo global no controlado superior a los 700.000 euros.
El Tribunal registró, además, un cierto descontrol administrativo en las cuentas de ese año. Así, según puso de manifiesto, había 142 cuentas que compartían el mismo código IBAN entre distintas sedes contables y grupos municipales, y 49 cuentas territoriales, con un saldo de 367.237 euros, presentaban errores en estos códigos o en las entidades financieras registradas. Asimismo, el partido tenía 69 cuentas corrientes totalmente inmovilizadas sin movimientos en todo el año, sin aportar en muchas de ellas justificación alguna de por qué seguían abiertas sin actividad.
En otro informe aprobado en 2024, el Tribunal de Cuentas apuntó, en la misma línea, que el PSOE incumplió las obligaciones de transparencia recogidas en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, al no publicar en su página web información que permitiera conocer si había recibido donaciones individuales superiores a 25.000 euros y, en su caso, identificar a los donantes. En sus alegaciones, el PSOE sostuvo que no había recibido donaciones superiores a esa cantidad y anunció que publicaría esa información. Sin embargo, el órgano fiscalizador consideró que no estaba debidamente acreditado el cumplimiento de esta obligación de transparencia.
Son deficiencias que coinciden con el periodo en el que el empresario Aldama sitúa una supuesta entrega de 1,8 millones de euros en efectivo al PSOE. Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, el 29 de abril de 2026, el empresario aseguró haber canalizado ese dinero entre 2019 y 2020 tras el pago de presuntas comisiones abonadas por constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes.
Aldama sostiene que sus entregas coinciden con un repunte de las donaciones registradas por el partido y eso es algo que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno está ahora investigando. A falta de saber si imputa al PSOE como persona jurídica para tratar de esclarecer el origen y el destino de los fondos, el magistrado está analizando si se emplearon mecanismos de fraccionamiento de ingresos para ocultar su procedencia. Entre las hipótesis que se están investigando figura así el denominado pitufeo, consistente en dividir cantidades de dinero en aportaciones de menor importe para dificultar la identificación de su origen. Aunque las irregularidades contables detectadas por el Tribunal de Cuentas en 2020 no prueban por sí mismas las entregas denunciadas, pueden ser ahora clave para los investigadores.
El año pasado, el magistrado reclamó ya al PSOE la relación de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, junto con los justificantes documentales, incluyendo no solo los pagos efectuados al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García, sino también los abonados a cargos públicos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios, algo que el partido ya ha entregado.
