En un escrito, la defensa de Puigdemont asegura que «un análisis de los pronunciamientos realizados hasta la fecha» por Macías lleva a concluir que existen «datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la Ley 1/2024 de Amnistía».
Su abogado, Boye, sostiene que «a lo largo de estos años» Macías «se ha ido pronunciando en contra de los intereses» de Puigdemont «de forma manifiesta». Así las cosas, insiste en que la «imparcialidad judicial» es una «exigencia obligada» recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Constitución.
Además, añade que el hecho de que «sea amigo» del juez instructor del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, «no es criticable, ni mucho menos que lo reconozca en público».
«Pero sí es causa bastante para que sea apartado de estos procedimientos toda vez que los mismos se fundamentan en las vulneraciones de derechos fundamentales que esta parte atribuye, entre otros, directamente a ‘su amigo», asevera.
Asimismo, la defensa hace referencia a las «opiniones políticas» que ha manifestado públicamente Macías sobre la ley de amnistía y pide que se aparte al magistrado de los recursos que se han presentado contra la norma. Cabe recordar que, de momento, el tribunal no se ha pronunciado sobre dichos recursos. Este mismo lunes se ha dado a conocer que el Constitucional encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, 15 de las gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.
