En una nota de prensa, la AUGC ha denunciado que esta situación «pone de manifiesto, una vez más, la falta de transparencia y los cuestionables criterios que rigen la concesión de estas distinciones». La organización carga contra el «mercadeo» de estas condecoraciones «entregadas sin conocimiento ni participación» de los representantes de la Guardia Civil lo que, a su juicio, termina «favoreciendo» a personas ajenas al Instituto Armado como empresarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales o jefes de empresa de seguridad privada «sin saber muy bien a qué criterios obedece esta práctica».
Asimismo, consideran que estos reconocimientos generan malestar entre los agentes, pero también da pie a la percepción de una «cadena de favores» y «servilismos impropios» de una institución como la Guardia Civil.
En consecuencia, la asociación ha solicitado al ministerio de «manera urgente» una revisión y modificación de la normativa de concesión de medallas que limite que se otorguen a personas externas a la Guardia Civil en «casos excepcionales, debidamente justificados, y bajo criterios de total transparencia». También piden que los expedientes sean aprobados en el Consejo de la Benemérita, donde están representadas las asociaciones profesionales.
La AUGC recuerda que las condecoraciones deben ser un reconocimiento al mérito y el servicio prestado, y no un instrumento utilizado con fines ajenos al interés institucional. «El caso Aldama es un ejemplo reciente que evidencia la necesidad urgente de un cambio que dé legitimidad a estas condecoraciones», denuncian.
