Como resultado, las transferencias al sistema pasaron de 34.700 a 43.100 millones de euros.
Según la documentación presupuestaria, el 99,7% de estas ampliaciones, equivalentes a 8.391 millones, se financiaron mediante reasignaciones de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), integrado en los fondos europeos Next Generation.
Entre los principales destinos de estos recursos destacan los complementos de pensiones mínimas, que recibieron 1.471 millones de euros adicionales, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), reforzado con 1.859 millones. También se destinaron 880 millones a los complementos de pensiones contributivas para reducir la brecha de género. Parte de estos fondos procedía de programas de transición industrial, rehabilitación económica, vivienda social, infraestructuras ferroviarias y economía circular.
Este mecanismo ya fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas al analizar la ejecución presupuestaria de 2024. El organismo advirtió entonces sobre el uso de créditos vinculados al MRR para financiar partidas de gasto ordinario, como las pensiones, y señaló que la justificación jurídica debía haber sido más sólida. La controversia motivó una revisión por parte de la Comisión Europea.
Posteriormente, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, defendió que la situación estaba relacionada con la prórroga presupuestaria, que mantuvo créditos sobrantes asociados a los fondos europeos. Según su explicación, el debate se centraba en si esos recursos podían destinarse legalmente a otras necesidades del Estado, y no en la existencia de irregularidades contables.
La repetición de estas reasignaciones en 2025 vuelve a situar en el centro del debate el uso de fondos europeos para sostener el gasto social y las consecuencias de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, el Tribunal de Cuentas estudia realizar un análisis jurídico sobre el impacto de estas prórrogas en la gestión de los recursos públicos.
