El incremento marca una clara tendencia al alza. Tras la moción de censura de 2018, las ayudas se mantuvieron en niveles cercanos a los heredados del Ejecutivo de Rajoy, por debajo de los nueve millones anuales. Sin embargo, desde 2020 comenzaron a crecer hasta alcanzar los 17 millones entre 2022 y 2024 y duplicarse posteriormente hasta los 32 millones actuales.
El Ejecutivo justifica estas subvenciones por la necesidad de apoyar actividades vinculadas a la negociación colectiva, la mediación de conflictos y el diálogo social. El Ministerio de Trabajo sostiene además que las cuantías responden, en parte, a la actualización por inflación y al aumento de las funciones desempeñadas por las organizaciones sindicales.
Estas ayudas representan entre el 15% y el 17% de los ingresos de los sindicatos. Su aumento se ha realizado mediante modificaciones de crédito, pese a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
Los principales beneficiarios son CCOO y UGT, al ser las organizaciones con mayor representación sindical en España. Les siguen CSIF y, en el ámbito autonómico, la Confederación Intersindical Galega (CIG) y ELA.
La financiación pública de los sindicatos es una práctica habitual en numerosos países europeos, aunque con distintos modelos. En contraste, sistemas como el estadounidense dependen fundamentalmente de las cuotas de afiliación. Francia destaca por el elevado peso de las subvenciones públicas en la financiación sindical, una cuestión que ha generado debate durante años.
