En uno de los ‘emails’, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI)– se dirigen a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa –al que tuvo acceso esta agencia de noticias– consta con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
Así, se refleja que Álvarez no solo trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía, sino que participó en gestiones con la propia UCM.
Entre los correos electrónicos aportados ahora por la defensa consta también uno enviado por María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a la propia Gómez, a Álvarez, a Juan de Castro y a Juan Manuel Ruano, codirector del Máster.
En dicho ‘email’, fechado a 24 de abril de 2023, Sánchez Rosales asegura que «el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña», en referencia al pliego por el que se investiga a Gómez por un presunto delito de intrusismo.
También se ha aportado otro correo al juzgado enviado por Sánchez Rosales el 11 de mayo de 2023 a Gómez y Álvarez con la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares.
La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, ha aportado estos tres correos electrónicos para pedir al juez que cite a declarar como testigos a las dos miembros de la OTRI y a Sánchez Rosales.
En el escrito presentado por la defensa se señala que dichos correos electrónicos ponen de manifiesto que Begoña Gómez, «si firmó el pliego de prescripciones técnicas, fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente». E insiste en que las dos miembros de la OTRI le señalaron cómo debía registrar el dominio de internet, pero dejan en evidencia que las funcionarias trabajaban para Gómez , lo cual prueba el grafico de influencia y el usos de la estructura del Estado en beneficio propio.
