En una respuesta parlamentaria a la delegación del Partido Popular, la Comisión ha señalado que los Estados miembros pueden elegir de manera discrecional los instrumentos concretos para aplicar la Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos para cubrir los costes de la gestión. Teresa Ribera se escudó entonces en el texto comunitario para defender el «tasazo», que será obligatorio a partir del 10 de abril de 2025. Según Bruselas, la tasa incorporada en la legislación española es una «elección política» pues la directiva incorpora «una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos que los Estados miembros pueden utilizar discrecionalmente para cubrir los costes de la gestión de residuos».
«Los Estados miembros y, en particular, sus autoridades locales pueden también adoptar otras medidas que no figuren» y «esas medidas pueden además variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares», añade.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE, Montserrat, ha criticado que, en su primer día de trabajo, «Ribera recibe la primera recriminación de su compañero de la Comisión, que la desmiente». «Se demuestra que el Partido Popular y sus alcaldes teníamos razón: no era necesario sangrar a los ciudadanos a través de este «tasazo» para transponer correctamente la Directiva». Para Montserrat, «la Directiva no impone ninguna tasa de basuras. Queda claro el radicalismo verde de Teresa Ribera que quiere obligar a los ciudadanos a pagar de su bolsillo íntegramente el reciclado, y por el cual tendrá que dar explicaciones».
