En concreto, el voto unánime de la instancia judicial de Estados Unidos significa que ni un magistrado ha dado la razón a la Abogacía del Estado. El primero de los casos revisado está vinculado con NextEra, firma estadounidense a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, además de otros cinco millones en concepto de intereses de demora. Otro de ellos se refiere a 9REN, vehículo inversor con sede en Luxemburgo al que España debe compensar con 40 millones, además de 3,5 millones de intereses; y un tercero a JGC, por el que se deben abonar otros 23,5 millones, así como 5,5 millones de intereses de demora.
Esta decisión, emitida este 2 de diciembre, resuelve un procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado el 12 de febrero de este mismo año y marca otro revés para España en su intento por anular el reconocimiento internacional de decisiones arbitrales en su contra. Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señalaron que la resolución de la Corte de Apelación es «susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y ahora mismo se está analizando esa posibilidad».
El Gobierno de España se sometió a estos procedimientos al ser firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) cuando se produjo la retirada retroactiva de las primas renovables, lo que explica las condenas acaecidas en los tribunales de Estados Unidos, así como en las cortes de Australia, Bélgica y Reino Unido.
Las mismas fuentes subrayaron que el rechazo ha sido unánime, ya que ningún juez del tribunal consideró necesario llevar ninguno de los tres casos analizados al proceso de revisión completa que pedía España. Además, el fallo destaca que ni siquiera el respaldo de la Comisión Europea como ‘amicus curiae’ logró persuadir al tribunal.
Asimismo, precisaron que, con esta decisión, los laudos arbitrales a favor de los inversores «quedan más cerca de su ejecución en Estados Unidos, aumentando la presión sobre España para cumplir con los pagos millonarios derivados de estas disputas».
Los tribunales norteamericanos ya han apuntado que reconocerán el laudo como una sentencia propia. Además, se espera un tratamiento similar para los litigios de NextEra y 9REN, así como para otros denunciantes que puedan llevar sus reclamaciones a la justicia del país estadounidense. En total, se suman un total de 25 laudos arbitrales pendientes de pago por parte de España, que ascienden a más de 1.560 millones de euros, cifra que sigue creciendo con intereses y costas judiciales, en línea con una serie de sobrecostes financieros y legales que añaden casi 330 millones al monto adeudado.
