En este sentido, el organismo ha detallado que, con frecuencia, los riesgos geopolíticos no tienen un precio asignado en los mercados financieros hasta que se materializan, lo que podría dar lugar a una «revalorización brusca de los riesgos», que podría aumentar los riesgos de liquidez y traducirse en pérdidas adicionales. «Se mantiene la preocupación acerca de la gobernanza, la gestión de riesgos -incluidos los riesgos climáticos y relacionados con la naturaleza- y la resiliencia operativa de las entidades, lo que requiere una corrección rápida debido al entorno de incertidumbre sobre los riesgos», ha subrayado.
En este contexto, el actual ciclo del PRES no ha dado lugar a cambios importantes en las puntuaciones de las entidades ni en los requerimientos globales de Pilar 2. La puntuación media del PRES se ha mantenido, en general, estable en un 2,6 (en un intervalo comprendido entre 1 y 4): un 74% de las entidades obtuvieron la misma puntuación que en 2023, un 11% empeoraron su puntuación y un 15% la mejoraron.
«Las puntuaciones de las entidades se vieron afectadas negativamente por el impacto en los mercados de las valoraciones más bajas de los inmuebles comerciales y por las subidas inesperadas de los tipos de interés, lo que se tradujo en mayores riesgos de tipo de interés en la cartera bancaria (banking book). En cambio, el aumento de la rentabilidad tuvo un efecto positivo en las puntuaciones», ha detallado el BCE.
Así, los requerimientos de CET1 aumentaron ligeramente, desde el 1,1% hasta aproximadamente el 1,2% de los activos ponderados por riesgo, y pequeños ajustes de los requerimientos de Pilar 2 fueron atribuibles a cambios en el perfil de riesgo de determinadas entidades. Los requerimientos de Pilar 2 específicos para cada entidad resultantes de las decisiones del PRES de 2024 serán aplicables a partir de 2025.
El total de los requerimientos y las recomendaciones de CET1, que consisten en el requerimiento de Pilar 2, los requerimientos combinados de colchón y las recomendaciones de Pilar 2 no vinculantes, se incrementaron ligeramente del 11,2% al 11,3%. En relación con el capital total, se exigió un incremento similar, del 15,5% al 15,6% de los activos ponderados por riesgo, la suma de CET1, capital de nivel 1 y de nivel 2.
El BCE exigió a determinadas entidades que aplicasen recargos específicos a los requerimientos de Pilar 2, y 18 entidades quedaron sujetas a un recargo por exposiciones dudosas insuficientemente provisionadas, frente a 20 entidades el año pasado. Además, nueve entidades de crédito fueron objeto de un recargo por préstamos apalancados de riesgo, lo que representa un aumento respecto a las ocho entidades de crédito del año pasado. Estos recargos reflejan elevadas exposiciones a los préstamos apalancados o prácticas inadecuadas de gestión del riesgo aplicadas a estos préstamos.
Además, el BCE duplicó con creces el número de entidades sujetas a un aumento del capital debido al riesgo de apalancamiento excesivo. Actualmente hay 13 entidades con un requerimiento de ratio de apalancamiento de Pilar 2. Los requerimientos obligatorios específicos para cada entidad en relación con el requerimiento de ratio de apalancamiento de Pilar 2 oscilaron entre 10 y 40 puntos básicos. Estos requerimientos se aplicaron de forma adicional a la ratio de apalancamiento mínima del 3%, que es un requerimiento vinculante para todas las entidades.
El BCE aplicó la recomendación de ratio de apalancamiento de Pilar 2 a siete entidades e impuso medidas cuantitativas de liquidez a cuatro entidades, exigiéndoles que mantuvieran liquidez adicional para cumplir los períodos de supervivencia mínimos y colchones de liquidez específicos para cada divisa.
El organismo también ha publicado las prioridades supervisoras para el periodo 2025-2027, que se centran en aumentar la capacidad de resistencia de las entidades frente a amenazas macrofinancieras inmediatas y a perturbaciones geopolíticas graves (Prioridad 1); en garantizar que las entidades subsanen de manera oportuna las deficiencias importantes ya conocidas (Prioridad 2); y en asegurar que las entidades den respuesta a los retos derivados de la transformación digital y de las nuevas tecnologías, gestionando de manera prudente los riesgos asociados (Prioridad 3). «Estas prioridades siguen basándose en gran medida en las establecidas el año pasado», ha concluido el BCE.
