Fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quien alertó, después del visto bueno del Congreso, de que la convalidación de penas también beneficiaba a presos etarras y fue entonces cuando la norma perdió el apoyo de PP y Vox, que la rechazaron durante su última fase parlamentaria en el Senado.
La mayoría ‘popular’ en la Cámara Alta y un informe de la Secretaría General interpretaron que ese rechazo a la norma debía interpretarse como un veto, a pesar de que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda a la totalidad.
El grupo del PP en el Senado solicitó varias veces a la presidenta del Congreso, la socialista Armengol, que sometiera de nuevo a votación la ley en la Cámara Baja y amenazó, si no lo hacía, con presentar el conflicto de atribuciones ante el Constitucional. Desde la Mesa del Congreso, en respuesta, la mayoría que conforman el PSOE y Sumar se reafirmaron en dar por aprobada la ley, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado los plazos para vetar la ley.
