En un auto, los magistrados dejan sin efecto el auto del Juzgado de Instrucción Número 34 de Madrid, que el pasado mes de septiembre acordó no admitir la querella de Vox al no ver «caracteres de delito». Cabe destacar que Peinado ya investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo en relación al software de la Complutense.
De hecho, la propia Begoña Gómez declaró el pasado 18 de diciembre como investigada ante el magistrado, negando que se apropiara del software y apuntando que no tuvo ánimo de lucro en la universidad.
Vox se querelló por un presunto delito de tráfico de influencias, al sostener que Gómez habría aprovechado «su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y su condición privilegiada en la UCM» para desarrollar un programa para empresas «a través de recursos de naturaleza pública» y «cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».
Según el partido de Santiago Abascal, una vez conseguido el correspondiente registro de la patente, Gómez «utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo».
