El Gobierno introdujo varios cambios en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para poder acceder a un mayor desembolso, tras haber cumplido 55 hitos y objetivos que estaban asociados a pagos posteriores.
Del total de más de 25.000 millones solicitados, unos 9.100 millones brutos (8.000 millones netos) corresponden a subvenciones y otros 16.000 millones de euros se solicitan en forma de créditos (15.900 millones netos). «Estamos en un proceso de discusión con la Comisión Europea», ha apuntado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Cuerpo. De hecho, acceder al importe íntegro del dinero europeo no va a ser tan sencillo para España.
El Gobierno necesita sacar adelante la equiparación de la tributación del diésel a la gasolina que se cayó del último paquete fiscal aprobado en el Congreso de los Diputados por la falta de apoyos parlamentarios. Ese plan incorporaba, entre otras medidas, el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades pactado a nivel global, así como el alza fiscal a las rentas del capital, los vapeadores o el tabaco, entre otras.
Los cambios introducidos en el plan de recuperación obligan a España a adoptar reformas en «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo». Son medidas que deberían permitir un incremento «permanente» de los ingresos tributarios de unos 4.500 millones de euros, el equivalente al 0,3% del PIB. «Avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible», ha añadido Cuerpo desde Bruselas.
En el tema concreto de la subida al diésel su aprobación se complica porque Podemos (cuyos votos en la Cámara Baja son imprescindibles para sacarla adelante) se ha negado a apoyarla si el Gobierno de coalición no impulsa al mismo tiempo un gravamen permanente sobre las compañías energéticas que se niegan a respaldar, por su parte, tanto Junts como el PNV.
En la reunión del Ecofin los Veintisiete han dado su respaldo, además, al Plan Fiscal y Estructural español, la hoja de ruta para los próximos cuatro años -con esfuerzo de ajuste prorrogable a siete años- para reconducir la deuda pública hacia niveles sostenibles en el medio plazo. Los ministros europeos de Finanzas entienden que la «plena aplicación» del plan español «permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador». Este plan, al que España debe añadir aún el borrador presupuestario, es una de las exigencias de las nuevas reglas fiscales europeas que entraron en vigor el pasado 1 de enero y cuyo objetivo es que los países saneen sus finanzas públicas tras años de fuerte aumento del gasto y el endeudamiento para hacer frente a las crisis sucesivas (desde la pandemia de Covid a la crisis energética e inflacionaria agravada por la invasión rusa de Ucrania).
El Ejecutivo tiene también dificultades para sacar adelante las cuentas del año que viene por su debilidad parlamentaria, lo que complica todavía más el proceso. De hecho, aún tiene pendiente remitir al Congreso la senda de estabilidad y deuda, después de que los diputados de Junts le tumbasen la anterior el pasado mes de julio.
