La compañía se prepara para presentar entre finales de febrero y principios de marzo su futuro plan estratégico en el que su presidente, Reynés, ya ha insistido que pretende dar cabida a los accionistas que quieran seguir adelante con el proyecto.
El debate principal se sitúa ahora en la retribución a los accionistas y la capacidad de inversión de la compañía. El Gobierno exigió a los fondos de la gasista una política prudente de dividendos y, según indican fuentes consultadas por este diario, el debate se encuentra ahora en encontrar el equilibrio entre las necesidades de la compañía para acometer la transición energética y las exigencias de los fondos, que aspiran a mantener, al menos, una retribución similar.
El capital de Naturgy se encuentra prácticamente al completo en manos de grandes inversores que mantienen una complicada partida de ajedrez para influir en el devenir de la primera gasista española.
GIP, ahora propiedad de BlackRock, fue el primer inversor en desembarcar en el capital de Naturgy con la salida de Repsol. La compañía pagó 3.802 millones por un 20% del capital el 21 de septiembre de 2016. Desde entonces, los dueños del fondo han percibido 1.515 millones en dividendos y registran una revalorización de su participación que contablemente supondría una plusvalía latente de otros 728 millones, es decir, 2.243 millones de euros, lo que dejaría una rentabilidad de la inversión de un 73%.
La operación además está mejorando sus cifras, ya que GIP ha refinanciado un préstamo de 1.600 millones de euros sobre su participación del 20,6%.GIP cerró la operación en diciembre con un préstamo a cuatro años para refinanciar el vencimiento que tenía el 30 de junio de 2026, lo que abre la puerta a una mayor permanencia del fondo.
