La derogación del Real Decreto-Ley 9/2024, conocido como decreto ómnibus, que incluía esta reducción, tendrá un impacto negativo para la industria española, que pierde una medida que equiparaba este coste con el de nuestros competidores más próximos y que estaba vigente desde el estallido de la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania en 2022.
Sin la aportación que supone esta medida no habrá mejora de competitividad en 2025, aumentando en un 5% la factura eléctrica del consumidor electrointensivo. Además, AEGE viene reclamando que la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad se convierta en una medida estructural que permita a la industria electrointensiva equipararse con homólogos europeos como franceses o alemanes, donde los peajes eléctricos son mínimos.
Para las empresas electrointensivas, con una elevada dependencia eléctrica en sus procesos industriales, estas medidas permitían reducir la brecha competitiva y, con ello, apostar por la actividad industrial que, sin embargo, con estos cambios se ve impactada muy negativamente.
