Además, el magistrado ha archivado la imputación a la mano derecha del jefe del Ministerio Público, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Villafañe. El magistrado destaca que «los indicios apuntan al interés que mostró (García Ortiz) por hacerse con el correo el 2 de febrero», que es en el que el letrado de Alberto González Amador reconoce que hubo varios delitos a la Hacienda Pública. El juez incide en que «cinco minutos después» de que García Ortiz recibiera ese email, para cerrar el círculo apareció «filtrado su contenido en un medio».
En ese auto, el magistrado rechaza un recurso de la Abogacía del Estado y descarta la «hipótesis» que planteaba sobre la «posibilidad abstracta» de que otras personas tuvieran acceso a ese correo. Dice que hay indicios «suficientes» para achacarle a él la presunta revelación de secretos.
García Ortiz y su subordinada la fiscal Rodríguez –que sí permanece imputada– han defendido que a esa cadena de emails tuvieron acceso varias decenas de personas de la Fiscalía, pero el instructor desprecia este relato. «Hay elementos indiciarios suficientes para atribuirles la filtración, a las 23:51 horas del día 13 de marzo en la SER, de la información contenida en ese correo de 2 de febrero, que recoge datos personales tan íntimos y privados», añade.
Hurtado tampoco comparte que se pueda equiparar el correo que divulgó El Mundo con el contenido del correo del 12 de marzo, en el que el fiscal del caso Salto contestaba al letrado de González Amador con la posibilidad de un pacto, con el que luego se difundió (del 2 de febrero) en el que el acusado reconocía los delitos a través de su abogado. A ojos del instructor, el primero fue una «divulgación autorizada» y el segundo, una «filtración subrepticia». «Una cosa era la divulgación consentida del correo de 12 de marzo, que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad que caracteriza el delito de revelación de secretos; y otra, completamente distinta, la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza, y su posterior continuación en la nota del día 14».
El magistrado expone que «con todos los matices que se quiera» se puede admitir que se desmienta un bulo con información, en referencia a los primeros titulares que se publicaron diciendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto y que se había frustrado por «órdenes de arriba», pero «lo que no es tolerable es que, si esa información contiene visos presumiblemente delictivos, se cierren los ojos a ello y, abierta causa penal, se pretenda cerrar obviando su investigación y negar su apariencia delictiva».
En esa misma resolución, el togado rechaza otro recurso interpuesto por Rodríguez contra su imputación y habla de «relevante participación» de la subordinada de García Ortiz la noche del 13 de marzo cuando hicieron llegar al jefe los correos del caso de González Amador.
Sin embargo, los indicios contra Villafañe se han desvanecido. Los indicios «han perdido potencia», según Hurtado, para mantenerle investigado por varios motivos. Primero, porque su declaración como investigado del pasado 5 de febrero fue sólida y explicó que su única intervención en esta cuestión fue dar cuenta a su jefe como es mandatario en su labor como teniente fiscal de la Secretaría Técnica.
Segundo, porque de la información analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se desprende en ningún momento que haya habido interacción con él la noche del 13 de marzo. «Es difícil mantener que tuviera intervención directa en la elaboración de la nota que se publica el día 14, no solo porque García Ortiz ha venido manteniendo que fue cosa suya», sino también porque así resulta de lo declarado por la jefa de prensa de la Fiscalía, «que explicó que la nota la fue redactando ella con la información que verbalmente le iba dando el fiscal general», sin intervención de Villafañe.
