Además, el banco presidido por Carlos Torres acepta que, transcurrido este plazo, la CNMC evaluará si es necesario prorrogar este compromiso por un máximo de dos años adicionales, es decir, un total de cinco años desde cuando se materialice la compra.
Además, al menos tres meses antes de la finalización de los tres años, BBVA se compromete a remitir a la Dirección de Competencia un informe económico en el que se evaluará en qué medida se han cumplido los objetivos, analizando diferentes parámetros como, por ejemplo, la evolución del acceso al crédito por parte de las pymes en comparación con el resto del mercado.
El flujo del crédito a la pequeña y mediana empresa es precisamente una de las mayores preocupaciones tanto del Sabadell como de las patronales que se han posicionado en contra de la operación. La patronal Foment del Treball cifró recientemente en 75.000 millones la merma del crédito a pymes si triunfa la opa.
Otra obligación que BBVA asume para asegurarse la luz verde de la CNMC sobre la operación es el mantenimiento durante tres años de las condiciones de los productos y servicios ya contratados por los clientes de ambas entidades, en los códigos postales donde únicamente estén presentes las partes o un máximo de dos competidores, además de las partes. No se modificarán las condiciones tanto en el caso de productos y servicios de duración definida como en aquellos de duración indeterminada, durante la vigencia de los compromisos, y si el banco ofreciese condiciones más ventajosas para otros clientes, también se les propondrían a estos clientes.
El banco opante tampoco cobrará comisiones por realizar una operación en ventanilla cuando antes era gratuita, así como se compromete a seguir manteniendo una sola política comercial a nivel nacional de productos y precios para las pymes. En relación con el flujo de crédito concedido a las pymes y autónomos que sean clientes de las oficinas situadas en códigos postales de elevada concentración, no fijará un precio superior al medio aplicado a nivel nacional para cada nivel de rating y producto de financiación.
Los compromisos de mantenimiento de política comercial se aplicarán en más de 160 municipios, los de elevada concentración. Estos incluyen seis municipios donde solo hay sucursales de BBVA y/o Sabadell, otros 64 que cuentan con una tercera entidad además de sus sucursales, y 91 donde hay otros dos bancos.
Por último, BBVA promete no empeorar las condiciones de los servicios de adquirencia que los clientes pymes y autónomos tuvieran contratados con las dos entidades. Podrá actualizar las condiciones si se produce un cambio en la normativa aplicable relativa a las tasas de intercambio, que implique un incremento de las mismas, o ante un incremento en las tarifas o comisiones aplicadas por los esquemas internacionales de pago, como Visa y Mastercard.
Este listado de compromisos, que fue propuesto por BBVA el pasado martes, tendrá que ser evaluado en un plazo de máximo diez días hábiles por parte de las asociaciones empresariales involucradas en el test de mercado lanzado por Competencia este jueves. Las patronales, además, tendrán la oportunidad de aportar cualquier observación que consideren oportuna al respecto.
Con la inclusión de las asociaciones en el test de mercado, Competencia satisface una de las reivindicaciones del Sabadell, que le pedía que abriera su contraste de mercado a varios agentes de mercado en el análisis de la operación antes de emitir el dictamen y cerrar así la Fase II. Ahora bien, el vallesano también había pedido a Competencia que utilice la metodología vigente en Europa para analizar operaciones de concentración y que imponga desinversiones a BBVA en el segmento de pymes si triunfa la opa para garantizar el buen juego de mercado.
Tras el dictamen de la CNMC, el Ministerio de Economía tendrá 15 días para decidir si elevar el análisis al Consejo de Ministros, que contaría a su vez con un mes para ajustar o no los remedies si advierte riesgos distintos a los de competencia. Si todo el proceso acaba a finales de junio o a principios de julio, es factible que BBVA opte por retrasar la apertura de la ventana de adhesión a la opa tras el verano ante el riesgo de que los accionistas no decidan en plenas vacaciones. La ley fija entre 15 y 70 días el plazo para mantener abierta la ventana de adhesión.
