Así se ha pronunciado dicha Sala en una resolución en la que contesta al recurso en el que el ahora diputado del Grupo Mixto acusaba a la UCO de realizar «filtraciones» sobre su vida, algo que –a su juicio– «denota tintes de inquina y venganza» En concreto, los magistrados han desestimado el recurso de apelación de Ábalos contra la decisión de Puente de encargar un informe a dicha unidad de la Benemérita sobre su patrimonio y citar a varios testigos tras recibir el suplicatorio del Congreso. Y ha rechazado las «insinuaciones» del exministro de que el instructor tenga alguna animosidad respecto a él.
La Sala de Apelación ha desechado el argumento de Ábalos de que está siendo sometido a una investigación prospectiva, al tiempo que le ha recordado que se le investiga por presuntamente haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer, prevaliéndose de su condición de ministro, la concertación de determinados contratos con la Administración pública o institucional.
En este sentido, ha avalado que el magistrado encargara un informe sobre su patrimonio. «La investigación, en este momento y por lo ya explicado muy preliminar, acerca de su situación patrimonial aparece obviamente orientada a la comprobación futura de posibles ingresos indebidos o beneficios económicos vinculados a dichas posibles conductas», ha recalcado el tribunal.
En este punto, además, ha incidido en que «nada de lo que aquí se investiga concierne, evidentemente, a hechos ajenos a la referida imputación, desvinculados de la misma, ni constituye una suerte de prospección o inquisición general acerca de su conducta pasada con relación a cualesquiera eventuales comportamientos diversos que pudiese haber protagonizado».
Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral han rechazado también las descalificaciones del exministro contra los agentes de la Benemérita al considerar que no tienen la más mínima base indiciaria. En este sentido, han señalado que coincide con la Fiscalía en que los «exabruptos» de Ábalos al respecto deben «ser tolerados o pasados por alto al amparo del derecho de defensa».
Los tres también han respaldado las diligencias ordenadas a la UCO respecto a los mensajes que pudo intercambiar el empresario investigado y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, con Víctor Ábalos –el primogénito del exministro–; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Según han recalcado los magistrados, el instructor razonó su necesidad por las declaraciones efectuadas por De Aldama, que aseguró haber mantenido determinados contactos con todos ellos, «por lo que resultaba obligado comprobar la eventual existencia de dichos mensajes, si efectivamente los hubiera».
Al hilo, la Sala ha respaldado también la decisión del instructor de citar a varios testigos, incluidos su hijo Víctor, toda vez que éste cruzó mensajes con el exministro sobre el piso alquilado con opción de compra en el Paseo de la Castellana de Madrid, que según el empresario investigado Víctor de Aldama, está valorado en 1,9 millones. Los investigadores sospechan que dicho inmueble sería una contraprestación por contratos preadjudicados.
Por último, el tribunal también se ha pronunciado sobre la queja del diputado a raíz de que se le preguntara en el interrogatorio del pasado febrero sobre un inmueble en Perú, que -a su juicio– poco o nada tiene que ver con la causa. La Sala ha contestado que la queja es «inasumible» porque el magistrado le preguntó si tenía algún depósito bancario o algún bien inmueble fuera de España y fue el propio Ábalos quien hizo referencia a esa noticia de prensa que le relacionaba con ese inmueble de Perú.
El tribunal ha concluido que «el desarrollo de la investigación será la que vaya afianzando en el magistrado instructor su convencimiento sobre la comisión del delito y sobre la participación de sus autores».
