En concreto hy aunque a nadie se le escapa que estamos ante un procedimiento inédito para operaciones de este tipo, en los que nunca se había recabado la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones acerca de esta operación ha sido celebrada en Cataluña por instituciones y representantes empresariales pero ha sembrado las dudas en muchos otros ámbitos
Por su parte, Garamendi, ha reaccionado en declaraciones en Telecinco con incredulidad a un anuncio que «no es comprensible» porque «descalifica» a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y supone que el Gobierno se quita la responsabilidad de la decisión y «renuncia» a la propia posibilidad de tomar una decisión sobre la operación. «Vamos al asambleísmo puro y duro, ya está. No lo llego a entender y no entro en el fondo. no entiendo que el Gobierno se ampare en un referéndum para tomar una decisión, porque entonces habría que hacer consultas para todo».
El dirigente empresarial ha incidido en que el Gobierno «tiene una responsabilidad y una capacidad» en esta operación, cuya decisión tendrá que ser aceptada por los dos bancos implicados. «Eso es lo que marca la ley, lo que marca el Estado de Derecho y ya está. Entrar en consultas, imagínese la de consultas que podríamos hacer en España. Genera efectivamente inseguridad jurídica, es decir, a quién se pregunta, cómo se pregunta, de qué manera se pregunta y qué capacidad tiene el que contesta»-
Según ha insistido, «la ley dice que tiene la capacidad de decidir si hay compra o si no hay compra, por lo que es el Gobierno es el que tiene que decidir ahora con los informes que tiene en su mano», entre ellos el de la CNMC. «Y a partir de ahí, pues es el propio Gobierno el que, con sus atribuciones, tiene que decidir».
Núñez Feijóo, por su parte, ha cargado contra esta decisión porque es una «frivolidad» y un procedimiento que se «aparta de la ley», y ha censurado que el Gobierno piense que puede tomar estas decisiones de forma «arbitraria». El líder del PP ha advertido de que esa consulta es fruto de un «mensaje populista» y, además, «marca un precedente» que le preocupa ante operaciones similares. «Imagínense si mañana se quieren fusionar otras empresas u otros bancos. Imagino que pedirían una consulta en el territorio o territorios afectados», se ha preguntado Feijóo, que acto seguido ha alertado de que esta consulta puede dar lugar a una «responsabilidad patrimonial por parte del Estado».
Según han informado fuentes gubernamentales, la consulta en sí consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4, que habilita al Gobierno a valorar operaciones atendiendo a criterios de interés general como la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas o la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional.
No se ha limitado el acceso al formulario, que solo requiere la identificación del participante para que pueda contestar a las siguientes: «¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?», a la que el participante debe responder señalando la opción «Sí» o «No».
Después pregunta: «¿Cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?» y da como opciones las que recoge la Ley de Defensa de la Competencia. Dependiendo de la respuesta anterior, pide indicar «qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell». A continuación, hay que responder a «¿en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado», «¿considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?» y «¿qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?». Se acompaña un buzón para aportar información adicional.
Dicho formulario tiene un breve encabezamiento con una cronología general del proceso, en la que se explica que el 31 de mayo del año pasado se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la operación pública de adquisición por parte de BBVA, que fue aprobada por Competencia con compromisos el pasado 30 de abril y que el Ministerio de Economía recibió el lunes la notificación de la resolución, tras la que inició la tercera fase y un primer plazo de 15 días hábiles -hasta el día 27 de este mes- en los que debe decidir si eleva el expediente o no al escrutinio del Consejo de Ministros. A partir de ahí, será el Gobierno el que disponga de 30 días para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con o sin condiciones adicionales por razones de interés general y no de defensa de la competencia, que tendrá en cuenta el resultado que arroje este «referéndum asambleario».
