El magistrado ha adoptado esta decisión en el marco de la causa en la que investiga a Ábalos, a su exasesor García y al empresario Aldama por presuntos cobros de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública. Considera que la declaración de Díaz Bidart resulta pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la reunión con los empresarios Claudio Rivas —investigado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo y la causa de los Hidrocarburos— y Carmen Pano —imputada en esta segunda causa— así como la persona que pudo haberla impulsado o promovido, con la finalidad de conseguir la licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.
El magistrado también ha acordado volver a citar a Montes, que fue Miss Asturias 2017, con el objetivo de esclarecer su contratación en la empresa pública LogiRail. Esta vez, Puente la advierte de que si no comparece sin causa justificada podrá ser sancionada con una multa de entre 200 y 5.000 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que fue contratada en 2019, cuando formaba parte del entorno personal de Ábalos, y que Koldo medió en el proceso. La citación se ha acordado tras recibir un oficio de la Policía Local de Gijón que ha permitido localizarla, aunque el nuevo domicilio permanece reservado.
Por otro lado, el instructor no ha admitido la citación del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, del expresidente de RENFE Isaías Táboas, de la esposa de Koldo García, o del gerente y otros dos empleados de LogiRail. Tampoco acepta que se solicite información a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sobre el expediente del rescate de Air Europa.
En concreto, Puente señala que en esta causa no consta ningún indicio de que las ayudas económicas a la compañía aérea o la concesión de la licencia de hidrocarburos para la empresa fueran contrarias a derecho, al mismo tiempo que destaca que la entrega de estas ayudas no entraba dentro de las competencias de Ábalos cuando estaba al frente del Ministerio: “Es evidente que una, la concesión de la licencia, y otra, la ayuda económica pública, podrán haber sido o no otorgadas de manera regular. Sin embargo, no se advierte en este momento la existencia de indicio alguno de que cualquier persona aforada ante este Tribunal Supremo”.
