En su escrito,–PP, Manos Limpias, Hazte Oír, Asociación Liberum y el partido Iustitia Europa, entre otras– reclamarán que David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, devuelva los importes que percibió de la Diputación de Badajoz, primero como coordinador de conservatorios y, después, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un puesto que según la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, se fue adaptando a sus preferencias personales. Incluso rodeándole de gente de su confianza como el exasesor de Moncloa Luis Carrero, cuya contratación también fue irregular según la instructora.
Ademas, la acción popular imputará ese delito de malversación tanto al presidente de la Diputación, y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, como al propio hermano del presidente del Gobierno.
Pero las acusaciones populares irán mucho más allá y solicitarán además que se condene a David Sánchez a devolver el dinero supuestamente malversado. Asimismo, reclamarán en su escrito de acusación que la Seguridad Social retire las cotizaciones efectuadas por David Sánchez a cuenta de sus ingresos como alto cargo de la Diputación entre octubre de 2017, cuando fue contratado, y el pasado febrero, cuando presentó su renuncia en plena tormenta mediática por la investigación judicial contra él.
La magistrada Beatriz Biedma, sin embargo, no ha procesado al hermano del jefe del Ejecutivo por malversación, sino por delitos de tráfico de influencias y de prevaricación, descartando expresamente indicios de fraude fiscal y de enriquecimiento ilícito.
No obstante, en esa resolución –en la que la instructora dio diez días a Fiscalía y acción popular para pedir la apertura de juicio oral, presentado sus escritos de acusación, o reclamar el archivo del procedimiento–, Biedma dejó claro, como suele ser habitual, que esa calificación jurídica «no vincula a las acusaciones, debiendo ser en los respectos escritos de acusación donde se precise la misma». Algo que ahora harán tanto las acusaciones populares como la Fiscalía, que llegó a recurrir sin éxito en apelación la citación como imputación de David Sánchez.
En cuanto al delito de prevaricación, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz expuso en esa resolución que diversas sentencias del Tribunal Supremo «determinan que crear una plaza pensando en un candidato en concreto constituye» un delito de esta naturaleza, «al no respetarse los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad como condicionamientos constitucionales de la contratación administrativa y de los principios de objetividad» que proscriben cualquier arbitrariedad en este sentido.
