Así lo han comunicado, desde la Junta directiva de la entidad, en una carta dirigida este mismo lunes a García Ortiz. En la misma, la AF rechaza «convertirse en mero cómplice de la Fiscalía General del Estado mediante su participación en algún tipo de comisión o grupo de trabajo, ni en alguna forma de negociación que, vistas las intenciones derivadas de la lectura» del polémico texto, «solo podrían calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma».
«Le comunico que, por parte de la Asociación de Fiscales, no acudirá ningún representante a esa reunión. La evidente ausencia de legitimidad del Gobierno para abanderar la reforma procesal que atribuya al Ministerio Público la investigación de los delitos y la reforma del EOMF que, con sus conductas, han generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión, nos permite afirmar que la alusión a la adaptación a las exigencias de instancias europeas suena a mera excusa que se aprovecha para la consecución de otros fines ocultos», reza la misiva.
«No podemos compartir espacios de diálogo y encuentro con una Fiscalía General del Estado que, hoy en día, sigue dirigida por una persona que, sin perjuicio del respeto al derecho a la presunción de inocencia, está siendo actualmente investigada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, generando con ello un deterioro institucional que ya es insoportable», continúa el comunicado.
La Asociación de Fiscales considera que el contenido de la modificación normativa, al que ya han tenido acceso todos los sectores jurídicos, y contra el que han vertido durísimas críticas «supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal».
«Al margen de las numerosas deficiencias de técnica legislativa apreciadas, y de la mezcla impropia de reglas procesales y orgánicas, el anteproyecto refleja, sobre todo, una insaciable voracidad de control de la institución por parte del Fiscal General del Estado, a quien se atribuyen nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario; y, se hace precisamente en detrimento de las limitadas funciones hasta ahora asignadas al único órgano de representación democrática de la carrera como es el Consejo Fiscal (CF)», en el que, hoy por hoy, la AF cuenta con seis vocales electos de los doce que lo componen.
De hecho, en la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pretende, también, «alterarse la composición» del CF «de forma indisimulada mediante la modificación del sistema electoral» que, mientras ahora permite que los fiscales de la Carrera voten a un total de seis candidatos, a partir de la entrada en vigor de la misma, solo podrán hacerlo de cinco. Una maniobra que, a juicio de la AF, busca diluir «el contrapeso del Consejo Fiscal, en vez de ser reforzado», hasta convertirlo en «un mero convidado de piedra en las decisiones del Fiscal General del Estado».
«La eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala» –de la que García Ortiz, como publicó este diario en primicia, controla ya veinte de sus treinta y ocho integrantes– «solo puede calificarse como un fraude, ante el constatado seguidismo que la inmensa mayoría de sus integrantes han expresado en los últimos tiempos a las decisiones de los dos últimos fiscales generales del Estado, que han nombrado a una parte significativa de los miembros de ese órgano».
La AF advierte al superior jerárquico de la Institución que «la Junta de Fiscales de Sala», el denominado ‘generalato’, «no puede ser considerada, en serio, como un contrapeso real y efectivo de los poderes desorbitados del Fiscal General del Estado» que se presumen de la Exposición de Motivos de la norma que ha puesto en marcha el Gobierno que lo ha nombrado, hasta en dos ocasiones distintas. La segunda, tras haber sido condenado por «desviación de poder» y con un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo consideró, con tal motivo, «inidóneo» para permanecer en el cargo.
Ni rastro, por lo tanto, en el anteproyecto de ley de las «recomendaciones formuladas por la Comisión Europea y el GRECO para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal. Nada más lejos de la realidad. Un mandato de 5 años del fiscal general del Estado, sin contrapeso profesional alguno, solo refuerza al fiscal general del Estado, no a la Institución», denuncia la AF en su misiva.
«El Ministerio Fiscal, a quien se pretende atribuir nada menos que la dirección de la investigación penal, no puede quedar en manos de una sola persona. Los estándares europeos sobre el Estado de Derecho son incompatibles con un Fiscal General del Estado que solo responda ante sí mismo», añade la entidad profesional mayoritaria de la Carrera.
Y es que, cabe recordar, que el texto normativo anunciado por Bolaños y aprobado en el Consejo de Ministros del pasado martes, «no dice nada sobre la autonomía presupuestaria, ni reglamentaria; ni avanza en una materia tan sensible como la formación de los fiscales. La estructura general de la institución se mantiene intacta sin abordar su necesaria modernización organizativa. Los criterios de designación o remoción de los fiscales siguen quedando a la discrecionalidad de la jerarquía de la carrera».
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa por revelación de secretos que se sigue contra García Ortiz en el Supremo, notificaba la semana pasada su ausencia en la mesa prevista con el titular de la Fiscalía. Un escrito en el que ya anticipaba que rompería relaciones institucionales con el mismo si, una vez procesado por el Supremo, persiste en su empeño de seguir en el cargo.
