De acuerdo con el informe jurídico entregado por el Ministerio Público, este mismo lunes, Pardo de Vera intervino, presuntamente, en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos, hasta en dos empresas públicas: Tragsatec e Ineco. La participación de la ex secretaria de Estado de Transportes podría ser objeto de una investigación judicial que, en todo caso, tendrá que decretar el magistrado Ismael Moreno, al frente de las pesquisas.
De hecho, fue el propio magistrado que investiga a Ábalos en el Tribunal Supremo, Puente, quien consideró que podría haber «indicios bastantes» de delito en la actuación de Pardo de Vera y decidió remitir las actuaciones relativas al caso en el que se ocupa de las actuaciones tanto del ex ministro Ábalos, como de su ex asesor Koldo García y del comisionista principal de la trama, Víctor de Aldama, a su homólogo de la AN, en su caso, el órgano competente para investigarla.
Antes de decidir al respecto, el juez Moreno quiso conocer el criterio de la Fiscalía que, ahora, cumpliendo con el trámites, ha enviado su dictamen favorable a la imputación.
Presuntamente, Pardo de Vera participó en una contratación, la de Jessica, irregular y caprichosa de una persona «escogida libérrimamente por Ábalos», quien habría contado «con la relevante participación» del exasesor ministerial Koldo García para las gestiones necesarias. Y, además, «sin que aquélla durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna», pese a que sendas empresas, tanto Ineco como Tragsatec, dependientes de Adif, remitieron dos informes en los que certificaban que Jéssica Rodríguez sí había trabajado. Para el juez Puente, magistrado instructor del Supremo, resultaron «particularmente reveladoras» las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo García, obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en este sentido.
