En concreto son 65.935 anuncios de alojamientos turísticos los que la Dirección General de Consumo ha pedido a Airbnb que retire de su pagina web al considerar que contravienen la normativa.
La primera de estas resoluciones se dictó a finales del año pasado y afecta a a 5.800 viviendas de varias comunidades autónomas. Esta resolución ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que Airbnb había apelado, en un auto del pasado 6 de mayo que acaba de ser notificado a las partes. Consumo considera que estos anuncios incumplen la normativa al no informar correctamente de su número de registro o de quiénes son los propietarios reales. La infracción más habitual es no informar del número de licencia o registro del alojamiento, algo que es obligatorio en varias normativas autonómicas. También se han detectado casos en que el número de registro es erróneo. Además, el ministerio reporta casos en los que Airbnb no indica si los arrendadores son profesionales o particulares, algo que condiciona los derechos que tienen los consumidores.
Tras la resolución judicial avalando la petición de bloquear estos anuncios, Consumo esperan que la filial irlandesa de Airbnb -que es la que ha recibido el requerimiento- retire los anuncios en las próximas horas. Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.
