Así reza el escrito de 68 páginas registrado ante el Supremo, por los abogados del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que se solicita el procesamiento del fiscal general del Estado, por primera vez en España, por un delito de revelación de secretos.
Los letrados del empresario sostienen en un pormenorizado documento, remitido al juez Hurtado, cómo las diligencias de investigación tributaria, iniciadas por Hacienda y posteriormente remitidas a la Fiscalía madrileña, fueron «filtradas» a la cúpula del Ministerio Público, a través de la mano derecha de García Ortiz, el fiscal Villafañe, cuando se conoció la relación afectiva que el inspeccionado mantenía con Díaz Ayuso.
«Desde ese momento, González Amador dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo, al menos, por Rodríguez y García Ortiz, pasando a tener el tratamiento asociado a ser la «pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid», lo que supuso que «toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública pre procesal atribuida al Ministerio Fiscal que estuvo en su mano, haya sido objeto de revelación pública», sostiene la representación jurídica del empresario.
Una información que, además, fue remitida por el fiscal asignado entonces al caso inicial de González Amador, Julián Salto, quien los elevó, en tres bloques de emails a su superior jerárquica, Pilar Rodríguez quien, a su vez, habría «procedido inmediatamente, a reenviarle a D. Álvaro García Ortiz» los correos. «Pero, en lugar de hacerlo» a la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía General del Estado, «Dña. María Pilar Rodríguez se los envió a D. Álvaro García Ortiz a una cuenta de correo electrónico ajena a la Fiscalía, la cuenta de Google/Gmail privada de D. Álvaro García Ortiz» como, en su día, reveló El Debate en exclusiva.
A partir de entonces, y de acuerdo con el relato de los hechos reflejado en el escrito registrado, este mismo jueves, se puso en marcha la maquinaria de la Fiscalía General para, con base a la documentación recibida, contrarrestar el «relato», favorable a la posibilidad de un pacto de conformidad, que se publicó en algunos medios de comunicación.
Así las cosas, «Dña. María del Mar Hedo Cassinello (asesora de comunicación de la Presidencia de Gobierno hasta ocupar su puesto en la Fiscalía General del Estado) (…) confeccionó la nota de prensa a distancia (no estaban en el mismo lugar) y exclusivamente con lo que le transmitió D. Álvaro García Ortiz por teléfono» y «nadie más que D. Álvaro García Ortiz participó en la confección de esta nota, que a las 00:12 minutos [de la noche del 13 de marzo de 2024] estaba acabada».
«Partiendo de la inexplicable necesidad de usar a las 00:12 de la noche a una persona para que exclusivamente recoja los dictados del Sr. Ortiz y de que los agradecimientos de la Sra. Rodríguez se extiendan a todo el equipo Fortuny interviniente, Dña. María del Mar Hedo Cassinello envió a las 6:47 horas por WhatsApp a D. Iñigo Corral Lozano [jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid, que se negó a ello], una versión de la nota de prensa a publicar en formato Word y bajo la denominación ‘NdP 14.03.2024.docx’ junto con el siguiente mensaje: ‘Buenos días, compañero. Esta es la nota que hay que pasar esta mañana en cuanto se pueda. Creo que ya está vista x las jefas y los jefes’», recuerdan los abogados de González Amador.
La citada nota que, finalmente fue asumida por la fiscal provincial de Madrid coimputada con González Amador resultó, posteriormente, empleada para «un uso político» de la misma, como se deduce «de las revelaciones de la Fiscalía General del Estado que ya le había manifestado D. Santos Cerdán León (Secretario de Organización del PSOE y Diputado) a D. Juan Lobato, desde el día 13 de marzo y en relación a la filtración de la denuncia y el expediente tributario por la Fiscalía de la que abiertamente se habló en y con ‘el equipo Fortuny’», argumentan los abogados del empresario en su petición al magistrado instructor.
De esta forma, «fruto del imperativo de García Ortiz, se procedió a la sacralización institucional de las revelaciones previas ya desarrolladas y a revelar la existencia y contenido de comunicaciones no difundidas por ningún medio de comunicación», por parte de la propia Fiscalía, sostiene el escrito.
Sea como fuere, y «extendida a cuantos soportes, información, datos e intimidad estuvieron al alcance de su mano, las revelaciones se extendieron entre el día 7 y el día 14 de marzo de 2024, siendo difundidas por eldiario.es, la Cadena Ser, elplural.com y la propia Fiscalía Provincial de Madrid a través de una nota de prensa, debiendo determinarse en la calificación definitiva si nos encontramos ante un concurso real (art. 73 CP) de revelaciones de secretos o un delito continuado (art. 74 CP) de revelación de secretos».
Por todo ello, a través de su representación jurídica, Alberto González Amador, ha solicitado a la Sala Segunda del Supremo, y al magistrado instructor de la causa, que «tenga por presentado este escrito, por vertidas las manifestaciones en él contenidas» y, por tanto, «la continuación del procedimiento» por los trámites penales previstos contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez.
