Según la UCO, los contratos bajo sospecha fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel. Anticorrupción pidió que se registraran los domicilios de cinco empresarios.
Fernando Merino
Excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción. «Su participación en los hechos guarda relación con la posible influencia ejercida sobre Koldo con la finalidad de procurar la adjudicación presuntamente irregular de obra pública en favor de dicha sociedad», según señaló Anticorrupción en el informe en el que pidió la entrada y registro en su domicilio.
La UCO detalla que el primer contacto del que tiene constancia entre Koldo y Merino data de 2015. Se trata de un correo que el directivo envió a García con una «serie de dudas sobre un pliego y un futuro contrato». Los agentes también hacen referencia a varios apuntes en el calendario de Koldo: «Hablar con Fernando Acciona tema subvención qué tal va», «Llamar Acciona tema pago», «Llamar a Fernando Acciona tomar café tema dinero». Y, según apuntan, «Koldo se refiere en ocasiones a Merino como ‘cordobés o cordo».
En su caso, además de autorizar la entrada y registro en su domicilio, el magistrado reclamó a Acciona Construcción «el respaldo del correo electrónico corporativo» de Merino.
Joseba Antxón Alonso Egurrola
Su presunta implicación se encuentra relacionada con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar, «cuya actividad económica conocida está fuertemente ligada a una serie de adjudicaciones en Navarra a las que habría concurrido Servinabar junto a Acciona Construcción».
Del análisis de mensajes y grabaciones, la UCO deduce que Alonso Egurrola, «mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos». Según el informe, Koldo le apodaba «Guipuchi», «Guipu» o «Gui», «que se podría derivar del hecho de ser originario de la provincia de Guipúzcua».
La UCO también señala que tiene «vínculos directos» con Cerdán. El exasesor ministerial llegó a decirle a su entonces pareja que Cerdán y Antxón estaban juntos en Madrid «de fiesta en fiesta gastándose la pasta». En el informe consta un mensaje que el ex ‘número tres’ del PSOE envió en octubre de 2017 en el que pregunta: «¿Qué obras iba a hacer Gui?».
Al margen, los agentes destacan que «Noran Coop recibió 360.165 euros directamente de Servinabar (entre el 14/03/2016 y el 31/01/2023), enviando 177.000 euros a Antxón». «Resulta llamativo que, siendo Koldo y Antxón socios al mismo porcentaje de la ante dicha cooperativa, uno de ellos percibiera 177.000 euros mientras que Koldo sólo percibió 8.738 euros en nueve abonos», añaden.
José Ruz Martínez
Anticorrupción lo sitúa como un empresario vinculado con la constructora LIC. Asegura que de las grabaciones se desprende que «Koldo habría intercedido por José Ruz ante Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Herrero (ex director general de Carreteras) y Ábalos con la finalidad de que por dichos organismos LIC fuera adjudicataria de distintas obras públicas».
Asimismo, sostiene que Ruz habría participado «en el pago de posibles contraprestaciones al propio Koldo y a Ábalos, valiéndose para ello de su entorno empresarial». El magistrado autorizó el registro de su domicilio al considerar que hay indicios de que «podría haber obtenido adjudicaciones de obras tales como la ejecutada en la A-12 (Camino de Santiago); en las localidades de Dos Hermanas y Los Palacios; en la estación del AVE de Elche, o en el acondicionado de una carretera en Teruel».
Daniel y Antonio Fernández
El magistrado sostiene que Daniel Fernández en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil OPR, «en connivencia» con Ábalos y Koldo, «pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio». En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.
Su hermano, Antonio Fernández, figura como apoderado de OPR. La Guardia Civil asegura que «habría utilizado su proximidad con Koldo para influir» en Adif y Carreteras, «siendo adjudicatario de obras».
Según la UCO, desde Construcciones Pérez Jiménez -empresa de la que Antonio era director gerente- se solicitó cita para que éste se reuniera con Pardo de Vera para la «planificación de futuras obras a licitación». Merino insistió a Koldo para confirmar que se llevaría a cabo el encuentro en diciembre de 2018. La Guardia Civil apunta también que los «contactos» entre los hermanos Fernández y Koldo «fueron recurrentes, manteniendo numerosas reuniones y discutiendo aspectos relacionados con diferentes obras licitadas por el Ministerio de Transportes». Y recalca que una vez que Koldo abandonó Transportes, los hermanos «continuaron manteniendo contacto con éste, entre otras cosas, para conocer los nuevos puestos de responsabilidad tras las diferentes reestructuraciones que fue sufriendo el Ministerio».
Los agentes recuerdan que los Fernández son cuñados de Merino, quien les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del exasesor ministerial «habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna».
