En efecto, las primeras 10.000 viviendas que pasarán al nuevo ente público estarán ubicadas principalmente en zonas que el Gobierno ha identificado como tensionadas. Además de las viviendas, el Sepes ha seleccionado también los suelos que estaban bajo el paraguas de Árqura, la promotora de Sareb y que hace unos meses estuvo en el radar de los principales inversores residenciales. De hecho, el anuncio de la creación de un ente estatal de vivienda fue el detonante para frenar la desinversión de esta compañía, que había despertado el interés de grandes empresas en el sector como Aedas, Neinor o Aelca.
Esta operación prometía ser una de las mayores del año en el sector, ya que suponía la puesta en el mercado de un conjunto de suelos y desarrollos en marcha que tenían un valor contable superior a los 600 millones de euros, y se esperaba que la operación pudiera alcanzar un valor en el mercado de 800 millones de euros. Este primer traspaso por parte de Sareb supone un avance hacia el objetivo que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de año de nutrir con 50.000 activos a la nueva empresa pública de vivienda.
Actualmente Sareb cuenta con una cartera de 37.000 inmuebles, y tras establecer una serie de criterios sobre que activos serían óptimos para destinar a alquiler asequible, se irán virando a la nueva entidad. Esta movilización de inmuebles supondrá un golpe para los servicers que actualmente estaban gestionando los activos de Sareb, ya que a directora general de Sepes, Leire Iglesias, explicó la semana pasada en la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados que no van a subrogarse los contratos de Sareb con Hipogés y Aliseda/Anticipa.
