De esta cuantía, 15 millones deben abonarse de forma inmediata y sin condiciones, mientras que los 45 millones restantes están condicionados al cumplimiento riguroso de la normativa durante los próximos dos años. Esta sanción, aunque contundente, es inferior a los 60 millones que se habían especulado inicialmente como multa directa, una reducción que se puede haber conseguido por las negociaciones mantenidas entre Joan Laporta, presidente del Barça, y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.
El contexto de esta sanción tiene su raíz en las dificultades que atraviesa el FC Barcelona para adaptarse a las reglas financieras que rigen el fútbol profesional europeo, especialmente tras la reestructuración que la normativa del fair play financiero ha experimentado en los últimos años. El club azulgrana ha argumentado ante la UEFA que ha realizado un esfuerzo considerable para cumplir con las normas establecidas por LaLiga, entidad que posee criterios propios y distintos a los de la UEFA en cuanto a la evaluación de la salud financiera de los clubes.
La sanción se basa en incumplimientos detectados en los ejercicios financieros de 2023 y 2024, años que han sido objeto de una auditoría y revisión exhaustiva por parte del Órgano de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA. Esta normativa sobre ingresos del fútbol, que marca con mayor precisión los límites y las fuentes válidas de ingresos, se aplica por primera vez en la temporada 2024/25, lo que obliga a los clubes a una mayor transparencia y control en sus operaciones económicas. Entre las operaciones revisadas figuran ventas de activos, intercambios de jugadores y traspasos realizados entre entidades vinculadas, mecanismos que la UEFA examina con lupa para evitar prácticas contables que puedan disfrazar la verdadera situación financiera del club.
