Telefónica había comunicado en octubre de 2024 su intención de subir el precio mensual de este servicio, que actualmente es de 17,40 euros (IVA incluido), sin incluir llamadas. Aunque esta subida todavía no se ha aplicado, la CNMC concluye que no está justificada ni alineada con la evolución del mercado, ni con el perfil vulnerable de sus usuarios.
Según el organismo regulador, casi el 92% de los clientes de esta línea fija tiene más de 65 años, más del 80% pertenece a un perfil socioeconómico bajo o medio-bajo, y en su mayoría viven en zonas rurales, están jubilados o se dedican a labores del hogar. Además, el regulador recuerda que, aunque los precios minoristas están liberalizados, Telefónica tiene la condición de operador del servicio universal, por lo que está obligada a ofrecer el servicio en todo el territorio nacional a un precio asequible. Esta obligación incluye que los precios no se alejen de la realidad del mercado ni perjudiquen especialmente a los colectivos más vulnerables.
La CNMC considera que la subida no es razonable por varias razones: desde la última subida de este servicio en 2013, los precios de las telecomunicaciones se han reducido un 7,4%, y los de la telefonía fija empaquetada con banda ancha un 65%; el precio actual de Telefónica ya es superior al de otros operadores, que ofrecen tarifas entre 12,95 y 14,60 euros incluyendo llamadas; los costes asociados a la prestación del servicio han disminuido gracias al uso del acceso fijo radio; y el abono social —que reduce un 90% la cuota de abono— apenas alcanza al 4,5% de los usuarios que podrían verse afectados por la subida, lo que demuestra su escasa efectividad como medida compensatoria.
En consecuencia, la CNMC ha instado a Telefónica a no aplicar el incremento de precios comunicado, al considerarlo incompatible con sus obligaciones como prestador del servicio universal.
