Lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE «España comunicará su respuesta en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento. El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho», han indicado fuentes del Ministerio de Economía.
No se cuestiona tanto las actuaciones concretas respecto a la OPA, sino que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE. El Ejecutivo comunitario da ahora este plazo de dos meses al Gobierno para que responda a sus inquietudes, que van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.
Fuentes del Ministerio señalan que la normativa que cuestiona Bruselas «lleva bastantes años vigente» y desde su aprobación se ha aplicado en varias ocasiones. La ley de Defensa de la Competencia se aprobó en 2007, mientras que la ley de Solvencia Financiera se aprobó en 2014.
Fuentes comunitarias han señalado a varios medios españoles, que si hubiese habido algún tipo de motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema, pero advierten de que en estas cuestiones bancarias no cabía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Consejo de Ministros, como se hizo el 27 de mayo.
Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.
