El pasado abril el Consejo de Estado de Bélgica suspendió la decisión de SNCB por falta de transparencia en el proceso de adjudicación Según trasladó entonces, «el método utilizado para evaluar las ofertas en cuanto a su mérito técnico no podía entenderse» y, por tanto, la decisión de SNCB «no respetaba el principio de transparencia que la empresa pública está obligada a respetar en virtud de la legislación relativa a los contratos públicos.»
La SNCB considera además que la empresa española cumple los requisitos de la licitación, así como el derecho internacional y los derechos humanos, según el comunicado, tras las críticas de los partidos verdes (Groen) y socialistas (PTB), que criticaron el contrato alegando que había indicios de que la empresa CAF desarrolla actividades en los territorios palestinos ocupados.
La compañía guipuzcoana contribuirá así a la renovación de la flota ferroviaria belga hasta el año 2032 para atender al incremento del número de pasajeros.
El contrato incluye el suministro de trenes impulsados por baterías que sustituirán a los actuales vagones diésel. Según cifras facilitadas el pasado marzo por la propia CAF, el contrato podría alcanzar los 3.500 millones de euros. La empresa indicó entonces que se trataba de un acuerdo marco con un alcance máximo de unidades para 170.000 plazas, con un compromiso inicial base de 1.695 millones de euros (unidades para 54.000 plazas) en caso de que se cerrara finalmente el acuerdo.
CAF ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la decisión del consejo de administración de la SNCB. En la comunicación remitida al supervisor bursátil, la empresa española reitera que se trata de un «acuerdo marco» con un alcance máximo de 170.000 plazas, con un compromiso inicial base de 1.695 millones.
