En un escrito registrado hoy, su defensa alega que las circunstancias han cambiado desde que se ordenó su ingreso en prisión provisional hace setenta días, y solicita también la citación de varios agentes de la Guardia Civil.
En el recurso sostiene además que la investigación que se le sigue se apoya en pruebas «sin cobertura constitucional» y que responde a una «sospecha policial» sobre su actividad política. Además, mantiene que esta situación supone un riesgo de superar el límite legal fijado para este tipo de medida cautelar.
La defensa denuncia que la investigación se ha convertido en una «causa general» contra la trayectoria política de Cerdán desde 2014 y que la prisión se sustenta en «audios de origen desconocido» y en supuestos mensajes de WhatsApp de otros investigados. Asegura que no existe ninguna prueba objetiva que lo vincule con empresarios o pagos ilegales y recuerda que, cuando éstos declararon ante el Supremo, ni siquiera se les preguntó por él, lo que a su juicio evidencia que la acusación descansa únicamente en sospechas policiales.
En paralelo, los abogados de Cerdán han presentado otro escrito en el que piden al juez que cite a declarar a distintos agentes de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación, entre ellos al comandante Rubén Villalba —ya investigado en otra pieza del caso en la Audiencia Nacional— y a quien fuese su responsable directo. También reclaman que el instituto armado entregue todos los informes pendientes relativos al exdirigente socialista y la documentación que ha sido expurgada o declarada secreta.
La defensa pone además el foco en las grabaciones atribuidas al exasesor ministerial Koldo García, cuyo origen, recuerdan, no consta en el procedimiento. Subraya que, incluso en el caso de que las hubiera realizado Koldo, serían pruebas nulas al haberse obtenido bajo la dirección policial. Los letrados cuestionan igualmente la declaración del empresario Víctor de Aldama, a la que califican de «pactada y abiertamente falsa», y piden información sobre las visitas que recibió en prisión para determinar si pudo recibir instrucciones sobre su testimonio.
