La resolución, fechada el 12 de agosto de 2026, exige facilitar cifras desglosadas por países, incluyendo solicitudes presentadas, expedientes aprobados, denegados y pendientes de resolución. También deberá diferenciar las distintas vías legales de acceso a la nacionalidad e identificar la fecha de referencia y la fuente de los datos.
La petición abarca tanto la Ley de Memoria Democrática de 2022 como la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Su relevancia aumenta por el elevado volumen de solicitudes registradas: hasta mayo de 2026 se habían presentado más de 1,2 millones de peticiones, de las que 571.761 habían sido aprobadas y 333.696 inscritas en el Registro Civil.
La solicitud de información fue presentada en octubre de 2025 y, ante la falta de respuesta, derivó en una reclamación ante el CTBG. El organismo reprocha a Exteriores no solo haber incumplido el plazo legal de un mes para contestar, sino también haber ignorado el requerimiento formal enviado durante la tramitación del expediente.
En su resolución, Transparencia considera que el silencio administrativo y la “opacidad institucional” vulneran los principios de buena administración y dificultan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El futuro desglose permitirá conocer por primera vez la distribución territorial de las solicitudes y el estado real de los expedientes. Los datos publicados hasta ahora apuntan a una fuerte concentración en Iberoamérica, con Argentina como principal país de origen de las peticiones. Además, la información adquiere especial relevancia tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de voto de parte de los nacionales que obtuvieron la ciudadanía por esta vía.
