El documento señala que las mesas de contratación fueron «manipuladas», que los criterios de adjudicación eran «ilegales» y que se introdujeron elementos ajenos a los pliegos para favorecer de forma directa a la UTE de Barrabés.
Barrabés, empresario del sector de la montaña, comenzó a recibir una lluvia de contratos públicos desde varios ministerios justo después de que Begoña Gómez firmara una carta de recomendación en su favor. Esa carta fue usada como aval en dos licitaciones de Red.es, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, entonces bajo el mando de la vicepresidenta Nadia Calviño, en las que resultó adjudicataria la UTE formada por Innova Next SL y The Valley Digital Business School SL. En paralelo, Gómez está imputada por cinco delitos de corrupción y tras la firma encadenó adjudicaciones en otros organismos hasta rozar los 20 millones de euros en total.
El juez que instruye estos hechos, Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pidió que la Fiscalía Europea asumiera la investigación al estar en juego fondos procedentes del Fondo Social Europeo. El informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la IGAE adscrita a la Fiscalía Europea será entregado este lunes y constituye una pieza clave para el procedimiento
La primera conclusión del informe es que las adjudicaciones se hicieron en fraude de ley. La valoración técnica de las ofertas, que debía ser realizada por un Comité de Expertos independiente, fue asumida directamente por la Mesa de Contratación de Red.es, un órgano que carecía de competencias para hacerlo. Según los peritos, se trató de un «fraude de ley» porque se utilizó un procedimiento pensado para aparentar legalidad, pero que en realidad eludía el control que establece la normativa de contratación pública.
El informe pericial subraya que se puntuaron elementos no previstos en los pliegos, como los currículos de profesores, cartas de apoyo de multinacionales o supuestos acuerdos con terceros. En palabras del documento, «la valoración se realizó atendiendo a criterios distintos de los anunciados». Esto, remarcan los técnicos de Hacienda, supuso un trato discriminatorio hacia el resto de licitadores y favoreció a la UTE de Barrabés, que pudo presentar documentación de peso gracias a su relación con empresas del sector tecnológico.
Otro de los hallazgos clave es la utilización de una fórmula que inflaba artificialmente las notas técnicas. El sistema de «normalización» aplicado convertía automáticamente la mejor oferta en un 10 sobre 10, aunque la puntuación real del evaluador hubiese sido mediocre. Según los peritos, «la oferta más ventajosa se ve artificialmente incrementada hasta el máximo, desvirtuando la competencia entre licitadores». Dicho de forma sencilla: Barrabés pudo obtener sobresalientes automáticos incluso cuando su propuesta no destacaba.
El informe también denuncia que las fórmulas económicas usadas en los contratos desincentivaban la competencia. Todos los licitadores recibían de entrada 5 de los 10 puntos previstos para el precio, lo que reducía drásticamente la diferencia entre la oferta más barata y la más cara. «Se otorgan puntuaciones que no reflejan la verdadera diferencia entre las ofertas económicas», concluyen los peritos. El resultado era claro: las empresas con propuestas más caras, como la de Barrabés, quedaban artificialmente en ventaja frente a las más baratas.
Por último, el informe señala que se obligó a las empresas a presentar Planes de Igualdad aunque legalmente no estaban obligadas a tenerlos. Esta exigencia, que el perito califica de «ilegal y discriminatoria», permitió dejar fuera a competidores que no disponían de ese requisito. Un criterio que, en palabras del documento, «supuso una barrera de acceso injustificada al contrato» y que volvió a favorecer a la UTE de Barrabés.
