En su denuncia, recuerda que Montero no ha presentado cuentas públicas en el Congreso de los Diputados en los tres últimos ejercicios anuales. El sindicato recuerda, en este sentido, que la Constitución Española fija –en su artículo 134.4– que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».
Y, como no ha ocurrido en 2023, 2024 y en el actual, el denunciante entiende que tanto el presidente del Gobierno como Montero han incurrido en un delito de prevaricación por omisión del cumplimiento de este deber.
«Han estado efectuando prórrogas presupuestarias encadenadas», que considera que son «un claro fraude de ley», dado que es un supuesto –se asegura en la acción penal– aplicable «una vez el Congreso rechace o no apruebe los presupuestos presentados», algo que no ha llegado a ocurrir.
