La organización de juristas considera que la ministra podría haber incurrido en un delito contra la salud pública por imprudencia grave (art. 367 CP, en relación con arts. 359 y ss), así como en un delito de prevaricación administrativa (art. 404 CP).
Abogados Cristianos asegura que omitir los riesgos del aborto «viola el deber de información veraz en materia sanitaria y expone a las mujeres a decisiones desinformadas que pueden dañar su salud».
La Fundación de juristas presenta ante la Fiscalía varios estudios científicos que confirman las secuelas físicas y psicológicas del aborto en mujeres e incluye una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que condena a la asociación de centros de aborto (ACAI) por publicidad engañosa al ocultar las posibles secuelas.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera que el aborto «es una intervención con numerosos riesgos y secuelas para la mujer». y añade que negar esta realidad y no informar a las mujeres «es ilegal, porque pone en grave peligro su salud y supone una coacción inadmisible. Esta desinformación solo beneficia a los empresarios del aborto, entre los que hay miembros del PSOE, que priorizan sus intereses económicos por encima de los derechos y la integridad de las mujeres».
