Así consta en el documento, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que Carrero rechaza las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias por las que ha sido procesado. Subraya que la creación del puesto de Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que obtuvo en 2023, fue pública y abierta a cualquier funcionario, y que su única «culpa» ha sido la de mantener una relación de amistad con el hermano del presidente.
Carrero subraya que «no hay ninguna prueba» de que se hubiera favorecido su nombramiento y que la acusación se sostiene «en base a sospechas y conjeturas, pero sin fundamentación probatoria alguna». En su escrito, recalca que su incorporación a la Diputación nada tiene que ver con los nombramientos de Sánchez, cuya plaza se creó años antes. «No es obstáculo para ello los correos que cruzó con David por razones de amistad, relativos a los proyectos Ópera Joven y Operegrina, por cuanto los mismos no van referidos a la creación ni adjudicación del citado puesto de trabajo», precisa.
Asimismo, insiste en que el procedimiento de selección fue legal, con publicidad y sujeción a los principios de mérito y capacidad. Argumenta que si fue el único aspirante «no fue por trato de favor», sino porque la plaza —temporal y con menor retribución que su anterior puesto en Moncloa— «no resultaba de interés para el público en general». Añade que no participó ni en la creación del puesto ni en su cobertura administrativa. Denuncia además una «utilización instrumental» del caso de su cliente para reforzar la acusación contra el hermano del jefe del Ejecutivo. Sostiene que la investigación judicial ha mezclado hechos distintos y que la única relación entre ambos casos es la amistad que une a los dos funcionarios. «Al final, la única culpa de mi representado es la de ser amigo del hermano del político. Pero aquí no estamos en un juicio político ni mediático, sino jurídico», prosigue.
El escrito añade que solo mediante «analogías infundadas y suposiciones no probadas» se ha arrastrado a Carrero «a un procedimiento penal en el que nunca se le debió incluir». Denuncia que el proceso se ha aderezado con «epítetos infundados» como «hermanísimo», cuando el propio Carrero aclaró ante la jueza que el apelativo «hermanito» era una expresión coloquial de su amistad con David Sánchez y no una referencia al parentesco con el presidente del Gobierno.
También rechaza la etiqueta de «asesor de Moncloa», un término que según afirma alimenta un «relato mediático distorsionado», ya que no formaba parte del equipo político de Presidencia, sino que es funcionario de carrera de la Junta de Extremadura con más de treinta años de servicio, que trabajó temporalmente en el Ministerio de la Presidencia en tareas de redacción institucional.
La investigación se inició tras una denuncia de Manos Limpias en 2024 y se ha ampliado a varios responsables del área de Cultura, aunque Carrero sostiene que su actuación fue «plenamente legal» y que su nombramiento respondió «a criterios técnicos y de servicio público».
