Según Exceltur, entre enero y mayo se detectaron 330.516 plazas disponibles para arrendar en viviendas de uso turístico en los 25 principales destinos españoles. Madrid y Barcelona concentran el 40% de esta oferta, con 69.753 y 63.535 plazas respectivamente. Son también las dos ciudades donde más presencia han recortado los pisos turísticos en términos absolutos en el último año, con unas 15.000 plazas menos que en 2025. En términos relativos, el volumen de camas en este tipo de alojamientos ha disminuido un 11,3% en la capital nacional y un 8,5% en la Ciudad Condal.
Hay localidades donde el descenso ha sido incluso más marcado. Valencia y Alicante han visto reducirse su oferta un 15,2% y un 18,6% respectivamente, manteniendo 29.346 y 14.177 plazas disponibles. Entre los principales destinos, solo Málaga y Sevilla escapan al retroceso generalizado de los pisos turísticos, aunque con crecimientos muy tenues con respecto a 2025. En la capital de la Costa del Sol las camas en viviendas de uso turístico han avanzado un 0,7% (261 más) y en la capital andaluza, un 0,3% (83 más). Suman respectivamente 37.517 y 32.682 plazas. La estabilización observada en ambas ciudades no se aleja mucho de la leve reducción de apenas un 0,4% registrada en Granada, mientras que en Córdoba el descenso sí ha sido más marcado, llegando al 6,2%.
«Hasta la derogación por parte del Supremo del registro único de viviendas turísticas, su implantación estaba depurando el mercado de la oferta ilegal», sostiene el informe de Exceltur, que percibe a su vez un «desigual esfuerzo autonómico y local» por poner coto a la proliferación de pisos turísticos sin licencia. En particular, la organización empresarial destaca el «esfuerzo» en la «regulación, control y sanción» de Ibiza, A Coruña, Palma, Murcia, Santander y Santiago de Compostela, donde el descenso en el número de plazas en viviendas de uso turístico en el último año ha oscilado entre un 61,5% y un 21,5%. No obstante, son destinos con una oferta más reducida que las grandes ciudades. Ninguna de ellas supera las 10.000 plazas.
El registro único obligaba a inscribir todos los pisos utilizados como alquileres turísticos, temporales o por habitaciones en el sistema diseñado por el Ministerio de Vivienda, un trámite imprescindible para poder publicitarlo en internet y con el que se buscaba evitar fraudes, dado que para asignar el número de registro se verificaba que el inmueble cumpliera con la normativa estatal, autonómica y local que le correspondiera. A finales de mayo, el Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana y anuló este sistema estatal, al entender que la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos es competencia autonómica.
Desde Exceltur consideran que esa decisión del Tribunal Supremo ha abierto un «vacío legal» ante el que reclaman «intensificar» la lucha contra la oferta ilegal de pisos turísticos ilegales. La organización empresarial no pone el foco solo en los alojamientos turísticos fraudulentos, sino también en todo tipo de servicios ilegales, incluyendo servicios de transporte, guías turísticas y establecimientos de ocio nocturno, por ejemplo.
Junto a esta propuesta, Exceltur señala igualmente como prioridades el refuerzo de la coordinación entre el sector público y el privado en la gobernanza del sistema turístico español, el impulso de la inversión empresarial a través de medidas administrativas y fiscales y la mejora de las infraestructuras, para evitar acabar con los «aeropuertos al límite de su capacidad» y los problemas en el transporte ferroviario. La organización empresarial pide igualmente hacer una «apuesta decidida» por la formación y la capacitación del talento para integrar nuevos trabajadores, así como promover una estrategia sectorial sobre inteligencia artificial.
