Tras semanas de espera, Iberdrola, Endesa y Naturgy han enviado una carta al Ministerio para la Transición Ecológica en la que trasladan su disposición a prorrogar el cierre de la central, algo que si bien era un secreto a voces, todavía no se había escenificado.
No obstante, y según fuentes del ministerio, en la misiva no se notifica ni se avanza ningún tipo de actuación concreta, quedando estas supeditadas a una posterior petición formal que tendrá lugar, según avanza el diario El País, a lo largo de la próxima semana, antes de venza el plazo para presentar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la petición oficial de cierre de la planta.
Desde la cartera energética, además de confirmar esta información, evitan dar valoraciones, por lo que se sobreentiende que esperarán a recibir la propuesta concreta. Únicamente se remiten a los requisitos exigidos hace meses tanto por Moncloa como por Transición Ecológica: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.
El movimiento de este viernes, por tanto, anticipa y corrobora de manera oficial la disposición de las compañías energéticas para alargar la vida útil del complejo extremeño.
Si las posturas no han cambiado respecto a hace unos días, la propuesta oficial incluirá solicitar una prórroga de tres años para el reactor Almaraz I —cuyo cierre está previsto para noviembre de 2027— y otra prórroga de dos años para el reactor Almaraz II —cuyo cierre se contempla actualmente para octubre de 2028—, de tal forma que el cierre de todo el complejo se produciría, de acuerdo con esta supuesta propuesta, de forma simultánea en 2030.
Pese a que la petición no incluiría una rebaja de impuestos o de tasas, las eléctricas sí se beneficiarían de ella, dado que el Gobierno extremeño anunció la reducción del Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente, conocido coloquialmente como ecotasa, en 15,4 millones de euros, si finalmente se consigue que la central de Almaraz continúe en operación más allá de 2027. Como contrapartida por no solicitar la rebaja fiscal al Gobierno central, las eléctricas confían que la gestión de Almaraz pueda redundar en una retribución adicional al garantizar servicios de control de tensión en la zona suroeste del país, ya que esta energía síncrona contribuye a la estabilización del sistema eléctrico y a que no se reproduzcan apagones como el que tuvo lugar el pasado 28 de abril.
De hecho, esta medida fue planteada formalmente el pasado 14 de octubre, cuando Ruiz-Tagle, Bogas y Reynés acudieron a una reunión junto con representantes de Red Eléctrica y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en busca de soluciones para los problemas de tensión en la red.
