El Tribunal Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi o Uncitral en español) ha desestimado el arbitraje iniciado por Sacyr contra la República de Panamá, en el que reclamaba hasta 1.700 millones de euros por los sobrecostes de las obras que llevó a cabo entre 2009 y 2016 para ampliar el Canal de Panamá. En un comunicado, Sacyr explica que este tribunal ha rechazado así sus pretensiones –con un voto particular en contra–, aunque asegura que seguirá defendiendo las reclamaciones contra Panamá ante otro tribunal arbitral con sede en Miami (ICC), en ese caso junto a sus socios en la obra (el consorcio GUPC).
Asimismo, recuerda que la decisión del Cnudmi no tiene ningún impacto negativo en las cuentas, al mismo tiempo que incide en que las futuras decisiones de los laudos ante el ICC tendrán un impacto positivo en las cuentas, al estar todo ya provisionado en las mismas.
El Gobierno de Panamá se había armado para defenderse de este arbitraje abierto por Sacyr a través de la contratación de asesores legales de renombre. En concreto, destinó hasta 5,6 millones de euros para encargar a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer su representación ante el tribunal. Se trata de un contrato que ha arrastrado varios años de litigios entre Panamá y el consorcio GUPC –participado al 41,6% por la constructora española–, debido a que la obra se adjudicó por 3.200 millones de dólares pero acabó costando 5.580, casi el doble.
Ya en 2020, el presidente de Sacyr, Manrique, llegó a sentenciar que se trataba de una historia del pasado de la compañía, intentando así pasar página, y en las últimas juntas de accionistas reiteró que todos los importes que pudiesen resultar negativos para la empresa ya están provisionados: «Solo podemos obtener ganancias», argumentó. No obstante, los efectos de la considerada como la mayor obra de ingeniería del siglo XXI todavía siguen presentes y continúan los laudos. En concreto, este del Cnudmi fue presentado en solitario por Sacyr (sin sus socios italiano Webuild y belga Jan de Nul), reclamando entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (861 y 1.723 millones de euros), mientras que ante el ICC de Miami va todo el consorcio unido.
Los últimos avances en torno a este litigio fueron la recuperación en 2022 de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio constructor y el rechazo por parte del Tribunal Supremo de EEUU de un recurso que presentó el consorcio contra un pago que tuvo que hacer de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en 2020.
«La ampliación del Canal de Panamá, una de las grandes obras de ingeniería del siglo XXI, es un caso de éxito tecnológico e innovador y desde su puesta en marcha en 2016 ha permitido ampliar la capacidad del comercio mundial», defiende Sacyr en su último comunicado.
